El 11 de julio en el penal de Ezeiza, lo que parecía ser una visita de diputados oficialistas empáticos con Alfredo Astiz y otros represores resultó ser un intercambio de iniciativas para frenar las causas por lesa humanidad y acelerar la liberación de los condenados. Página/12 confirmó que en el bloque de La Libertad Avanza (LLA) circula un proyecto de decreto originado en la Unidad 34 de Campo de Mayo, otra cárcel de genocidas.

En Buenos Aires, los represores están presos en las unidades penitenciarias 31 de Ezeiza y 34 de Campo de Mayo, que desde la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel se han convertido en destinos frecuentes para diputados y funcionarios. El 7 de marzo, el ministro de Defensa, Luis Petri, envió a Guillermo Madero y Lucas Erbes a Campo de Mayo, y ambos regresaron con un proyecto de decreto para anular las causas en trámite.

Este proyecto, ahora circulando entre legisladores de LLA, se centra en establecer un «plazo razonable» de 25 años para llegar a una sentencia definitiva desde la comisión del delito, lo cual impactaría en los casos de lesa humanidad. Por ejemplo, Alfredo Astiz, condenado por primera vez en 2011, habría quedado impune.

Esta propuesta choca con la jurisprudencia y con la postura del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien resalta que los juicios por delitos de lesa humanidad han enfrentado obstáculos debido a las estructuras estatales dominadas por los autores de estos crímenes y las medidas para evitar represalias y garantizar impunidad.

En la comitiva que visitó a Astiz en Ezeiza, las diputadas Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta recibieron un proyecto de los genocidas para lograr la prisión domiciliaria de los mayores de 70 años. Ambas coinciden en responsabilizar a Beltrán Benedit, el diputado que organizó la visita, y quien planeaba presentar un proyecto a Karina Milei en la Casa Rosada.

El indulto es una facultad presidencial, pero los diputados pueden reformar el Código Procesal Penal para facilitar el arresto domiciliario. Tras la asunción de Milei y Villarruel, la defensa de un genocida solicitó que cualquier persona mayor de 70 años pueda obtener la domiciliaria automáticamente, una iniciativa apoyada por la mayoría de los defensores de los condenados por lesa humanidad.

El juez Adrián Grünberg, al enterarse de la visita, preguntó al Servicio Penitenciario Federal sobre las visitas recibidas por Raúl Guglielminetti, un condenado a prisión perpetua que busca volver a su casa, pero el SPF informó que solo había recibido a su esposa y a dos amigos. No obstante, una diputada afirmó haber estado con él y visto cómo entregaba una iniciativa para facilitar la liberación de los genocidas presos.