Después de la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal, el kirchnerismo, el radicalismo y los bloques provinciales están impulsando una agenda propia que contrarresta la política de ajuste del Gobierno.
A partir de esta semana, la actitud de buena parte de la oposición, que previamente había colaborado con el Gobierno para aprobar los proyectos de Javier Milei en el Senado, se transformará en una postura más combativa. Tanto el radicalismo como los bloques provinciales buscarán definir su propia agenda y reforzar el vínculo con sus electores locales. Entre sus iniciativas, promoverán la recomposición de los haberes jubilatorios, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y la reinstauración del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Estas propuestas van en contra de la política de ajuste que el Presidente defiende con tanto ahínco.
El kirchnerismo también se unirá a esta ofensiva, con 33 legisladores clave para determinar el destino de las iniciativas. El acuerdo opositor en la Cámara baja sobre el tema jubilatorio, que incluyó a la UCR, Unión por la Patria (UP), Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, representó un duro revés para el oficialismo, que se vio acorralado por este reclamo conjunto. Este precedente es alentador para el peronismo duro, que busca contraatacar después de que un gobierno en clara minoría lograra, mediante múltiples concesiones, superar su poder en el Senado.
En una semana corta y con poca actividad parlamentaria, los legisladores enfocan sus esfuerzos en los últimos días de junio. “Estamos charlándolo para la semana que viene. Deberíamos tener esta semana una reunión de bloque para ver los pasos a seguir”, señaló un referente del bloque kirchnerista. No descartan solicitar una sesión especial para instar a la presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), a debatir el proyecto aprobado por Diputados, que incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios. La senadora del PRO sigue la línea libertaria y se alineará con la estrategia de dilación que determine el oficialismo.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las partidas destinadas a las jubilaciones experimentaron una caída del 25,8% en términos reales durante los primeros cinco meses del año, lo que explica 9 puntos de la reducción del gasto global que celebra Milei. Aunque este recorte se ha moderado en los últimos meses, al comparar el período de enero a mayo de este año con el de 2023, la caída real de las jubilaciones alcanza el 32,3%.
Para la OPC, el proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados, el cual devuelve un 8% a los jubilados de lo que perdieron debido a la inflación en enero, es “fiscalmente responsable”. Si se convierte en ley, la recomposición prevista tendría un impacto del 0,43% del PBI.
A pesar de la intención de la UCR de debatir el proyecto, es probable que el bloque adopte una actitud más contemplativa con el Gobierno, otorgándole unas semanas de gracia para iniciar su tratamiento en comisiones. “Creo que jubilaciones y otros temas hay que abordarlos hacia adelante. Debemos seguir trabajando en las cosas que faltan”, consideró el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco). Por su parte, su compañero de bancada Martín Lousteau (Ciudad) expresó este lunes en la red social X: “¿Queremos bajar el déficit fiscal? Sí, pero no a costa de la educación, de la salud, de los jubilados, de las PyMEs y de la clase media”.
La calificación de “degenerados fiscales” que el Presidente dedicó a los diputados por aprobar la reforma previsional no fue bien recibida en el radicalismo. En la UCR señalan la contradicción que implica la insistencia del Gobierno en aprobar una amplia reducción del impuesto a los bienes personales, un tributo progresivo, mientras Milei amenaza con vetar la recomposición a los jubilados.
La reforma fiscal aprobada en Diputados proponía elevar el mínimo no imponible de Bienes Personales de $27 millones a $100 millones, además de reducir las alícuotas a un rango de 0,5% a 1,5% (actualmente es del 1,75%) y aumentar el monto de la vivienda exenta a $350 millones, entre otras modificaciones. Según la OPC, este «alivio fiscal» resultaría en una disminución de la recaudación de aproximadamente 0,4% del PBI este año. Aunque el Senado revocó estos cambios, el Gobierno espera que Diputados ratifique la versión original.
“Es el mismo impacto fiscal que tiene nuestro proyecto para recomponer los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado: 0,4% del PBI. Tuvo media sanción en Diputados y el Gobierno nos acusó de ‘degenerados fiscales’. Pero el Gobierno quiere beneficiar a los patrimonios más altos con el impuesto a los Bienes Personales. ¿Quiénes son los degenerados fiscales, entonces?”, comentó un referente radical.
La restitución del Fonid es otro de los objetivos compartidos tanto por la oposición dialoguista como por la intransigente. En el Senado, donde los gobernadores tienen mayor influencia, será difícil que el Gobierno resista el avance para restablecer esta partida, cuyo objetivo es complementar los salarios de los maestros en todo el país. El Ejecutivo dejó de hacer estas transferencias en enero pasado y las eliminó definitivamente del Presupuesto en marzo mediante el decreto 280/24.
Actualmente, hay dos proyectos con estado parlamentario sobre este tema. Uno del senador Víctor Zimmermann, respaldado por varios miembros de su bloque, y otro de los senadores kirchneristas Lucila Corpacci y Guillermo Andrada, ambos de la provincia de Catamarca. Los legisladores de UP solicitaron una sesión especial el 2 de mayo, que el oficialismo ignoró, para forzar el debate sobre la restitución del Fonid. Además, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), alineada con el gobernador Martín Llaryora, presentó un proyecto de declaración para manifestar «preocupación» por la derogación de este fondo.
Según la OPC, la restitución del Fonid implicaría un gasto de $1.294.770 millones para 2024, equivalente al 0,21% del PIB si se reconoce la inflación acumulada en el último trimestre de 2023, y del 0,16% del PIB si se considera solo la inflación de 2024.
A pesar de contar con amplios apoyos, la oposición en Diputados no logró acordar un dictamen común y, a diferencia de la recomposición jubilatoria, no alcanzó el consenso necesario para llevar la discusión al recinto. No obstante, es posible que la UCR, el kirchnerismo y los bloques provinciales hagan un intento similar en la Cámara alta. La inclusión, por parte del radicalismo, de la esencialidad del servicio educativo en el proyecto de restitución del Fonid obstaculizó el diálogo con UP, que rechaza esta inclusión porque, a su juicio, vulnera el derecho de huelga docente.
Al mismo tiempo, Sandra Pettovello será el principal objetivo del kirchnerismo, que ya solicitó una sesión especial para promover su interpelación. De manera similar, Lousteau exigió que la ministra de Capital Humano sea citada a dar explicaciones en el Senado por la no distribución de cinco mil toneladas de alimentos que están almacenados en dos depósitos de su cartera.
