El Concejo Deliberante realizó el 3 de junio el cuarto encuentro legislativo ordinario y una sesión especial en la cual fue tratada la memoria y balance financiero de 2009. Pero más allá de los temas, generó todo tipo de cruces entre oficialismo y oposición la gran presencia de público, supuestamente movilizado por referentes del “japonés” García; incluso hubo denuncias de que algunos vecinos se retiraron intimidados. Lo cierto es que la mayoría de la barra quedó vacía mucho antes que finalice la maratónica jornada.

A la hora de la votación por la Rendición de Cuentas estuvo ausente Julio Cúntari, Gen. Sobre un total de 23 ediles, 15 optaron por la afirmativa (9 oficialistas, la justicialista Aleña, 2 de PRO y 3 de Pro Propuesta Republicana) y 8, por la negativa (Acuerdo Cívico, Rojas del SI y Arena de Unión).

El ejercicio arrojó un déficit de 13,8 millones de pesos, que se desprenden de la diferencia, fundada en el aumento a Personal, de los ingresos por 406 millones y los gastos de 420 millones. Cabe recordar que el presupuesto aprobado originalmente estipulaba 382 millones. A su vez, la deuda flotante a diciembre orillaba los 40 millones; aunque, según informó el oficialismo, en lo que va de este año se canceló casi en su totalidad - restan 780 mil pesos -.

El socialista Carlos Roberto hizo hincapié en la subejecución de partidas destinadas a programas sociales, de igual modo que con los fondos para el Programa de Protección Ciudadana. Por otro lado estimó que el déficit tendría que haber sido superior si se contabilizaban las deudas pendientes. Paola Caputo, ConFe, agregó sobre ese tema que la deuda flotante se duplicó en el último año.

El francisquista Carlos Arena dijo, “evaluamos la transparencia”. Señaló la falta de datos estadísticos de los centros de salud, mencionó la falta de precisiones respecto a medicamentos y programas alimenticios y aportó color a la sesión cuando citó algunos gastos “superfluos” en cajas chicas.

Germán Maldonado y Marta Maenza, de Pro Propuesta Republicana, trataron de equilibrar su voto afirmativo comentando algunos aspectos de forma con los que no acuerdan con el Ejecutivo. “Votar en general nos pone en un brete”, se sinceró el titular del bloque.

El cierre de oradores estuvo a cargo del presidente de Hacienda y del bloque oficialista, Fabián Gnoffo. El abogado aclaró en principió que “el Rafam complica la búsqueda de documentación”. Asimismo reconoció que en 2009 existió mayor coparticipación y menos recaudación propia, que atribuyó a que el aumento del ABL recién comenzó a regir en marzo y a la merma en Seguridad e Higiene por la crisis.

En cuanto a Personal por un lado dijo que hubo alrededor de cien empleados menos, pero el gasto se disparó por la suba salarial. De todos modos indicó: “Trabajamos para que este año también haya aumentos”.

FUERTE PUJA POR LA INSTALACIÓN DE TELECENTRO

En cuanto a la sesión ordinaria, el punto más polémico fue el dictamen de Transporte, presidido por Terán, concediendo un permiso precario a Telecentro a fin de efectuar el tendido de cables y la instalación de postes tensores en la vía pública.

En el tratamiento estuvo de telón de fondo el enfrentamiento del Gobierno con el Grupo Clarín, ya que en la zona opera Cablevisión, y el factor económico. La empresa de cable relacionada con Pierri tendría notables ventajas competitivas si obtiene permiso para hacer el tendido en las columnas de alumbrado público.

La postura de varios representantes de la oposición fue que el expediente vuelva a comisión para ser analizado en profundidad y para introducirle modificaciones. Moción que finalmente se impuso a pesar de los esfuerzos del oficialismo. La votación terminó 11 a 10 a favor del ACyS, SI, Unión, Fabiana Mongiat y Gabriel Vanelli; sorpresivamente, no ocuparon sus bancas Maenza, Maldonado y Lencina, quienes estuvieron en medio del fuego cruzado durante toda la jornada.

En el encuentro también estuvo presente el tema del vial costero. Entre otros puntos fue solicitado sin éxito el tratamiento sobre tablas del proyecto de Resolución que solicita al Ejecutivo que instrumente las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que se realice el estudio de impacto ambiental.