Luego de la histórica y masiva movilización en defensa de la universidad publica, . El Ejecutivo nacional dispuso una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto de 2023 para la Universidad de Buenos Aires, que resolvió suspender su emergencia económica.

Sin embargo, el conflicto con las casas de estudio continúa: unas 60 universidades que forman parte de la Federación Universitaria Argentina (FUA) reclaman una actualización del 300 % de las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento.

“Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, adelantó Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Horas más tarde, desde el CIN emitieron un comunicado enfatizando su malestar y calificando de “inadmisible y provocadora” la medida adoptada para la UBA.

Las negociaciones por las que protestan están a cargo de la Secretaría de Educación, liderada por Carlos Torrendell, y del Ministerio de Capital Humano, administrado por Sandra Pettovello, quienes se mostraron abiertos a dialogar con rectores y vicerrectores luego de la masiva marcha federal universitaria llevada a cabo el pasado 23 de abril.