Durante el último año, diversos municipios de la provincia de Buenos Aires han estado promoviendo a través de sus concejos deliberantes la instauración de una tasa vial dirigida, en su mayoría, a la mejora de las infraestructuras viales locales. Además, se han registrado algunos casos en los que se está considerando la creación de fondos adicionales. Esta estrategia se desarrolla sin distinción de afiliación política y surge en un contexto marcado por la inflación y la disminución de los recursos municipales, que según los intendentes, se evidencia en los recortes de fondos aplicados por el gobierno nacional.

Desde febrero de este año, en General Pueyrredón (Mar del Plata), se ha implementado el cobro de una «Tasa Vial de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal», la cual se aplica cada vez que un usuario carga combustible y representa el 1,86% del total del ticket. El diputado provincial del bloque Libre, Guillermo Castello, presentó una medida cautelar respecto al caso del distrito gobernado por Guillermo Montenegro, con el propósito de declararla inconstitucional, sin embargo, esta fue desestimada. En el caso específico de la tasa vial el legislador reafirmó que «no existe una relación directa entre quien paga y quien se beneficia del supuesto servicio, y no hay ninguna proporcionalidad en el monto, el cual depende de la cantidad de combustible consumido, independientemente del costo del mantenimiento o conservación».

En Berazategui, bajo la administración de Juan José Mussi, se llevará a cabo una votación este jueves en una sesión extraordinaria para determinar la implementación del 2% sobre la carga de combustible.

En el municipio de Pilar, se ha establecido tanto una tasa vial como una tasa especial dirigida a las grandes industrias, cuyo propósito es financiar el mantenimiento del Hospital Central de Pilar. Este hospital fue inaugurado en mayo del año pasado en una ceremonia que contó con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y del intendente Federico Achával. La implementación de estas nuevas tasas se llevó a cabo luego de la aprobación del concejo deliberante. A pesar de que los concejales que representan diversas facciones de Juntos votaron en contra de esta medida, recibió el respaldo de un concejal de La Libertad Avanza y otro del radicalismo.

En estos momentos, también se está debatiendo una medida similar en Quilmes. En el distrito liderado por Mayra Mendoza, además de la tasa vial que corresponde al 2% de la carga de combustible, se ha promovido la implementación de una tasa por cursos de manipulación de alimentos. Aún falta la reunión de la asamblea de mayores contribuyentes para comenzar a aplicar la medida.

En Almirante Brown, recientemente se aprobó la implementación de un tributo similar, junto con la creación de un fondo de fortalecimiento ambiental. En este último caso, se aplicará a los medianos y grandes comercios que produzcan y comercialicen «productos potencialmente contaminantes«. Esta medida contó con el respaldo de un sector de la UCR y LLA. «Las obras están detenidas, si no hay recursos ni siquiera para cubrir una simple necesidad, seremos los primeros en criticar. Es necesario actuar con responsabilidad«, expresó el concejal del radicalismo, Andrés Acuña.

Además, desde hace un tiempo, está vigente la tasa vial en la ciudad de Pinamar, que grava un 3% sobre la carga de combustible. Este tributo también se aplica en Avellaneda, Escobar, Florencio Varela, San Isidro, Vicente López, Hurlingham, José C. Paz, entre otros municipios. En Azul, antes de finalizar su gestión, el intendente Hernán Bertellys (Juntos) logró los votos necesarios para establecer una tasa dirigida a los propietarios rurales, quienes deben pagar el equivalente a hasta un litro de gasoil por hectárea. Esta medida fue ratificada posteriormente por el intendente Nelson Sombra (UP).

No obstante, el impulso de la tasa vial por parte de algunos municipios está vinculado con la disminución de la recaudación a nivel provincial y municipal, la paralización de obras a nivel nacional, y algunas obras provinciales que avanzan a un ritmo más lento que en meses anteriores.

Recientemente, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO), expresó que «la tasa vial se ha convertido en la nueva tendencia en el Conurbano, pero muchos no ven que el remedio es peor que la enfermedad, ya que estas imposiciones se trasladan a los precios, asfixiando al sector privado y desincentivando la inversión y el empleo».

El intendente también señaló que «la solución a la crisis no radica en aumentar la presión impositiva». Además, mencionó el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, donde «no se aplica la tasa vial», lo que, según él, resulta en la pérdida de clientes por estar cerca de esa jurisdicción.

Los intendentes implementan diversos mecanismos o estrategias para hacer frente a la actual era de ajuste impulsada por el Gobierno nacional, que afecta a la gestión bonaerense y, por extensión, a las administraciones locales. Uno de estos enfoques, relacionado con la reactivación de la obra pública, es promovido por los intendentes Mariano Cascallares de Almirante Brown y Mayra Mendoza de Quilmes en la Legislatura bonaerense.

Se trata de la creación del Comité de la Cuenca Hídrica de los Arroyos San Francisco-Las Piedras. Este organismo, una vez establecido, servirá como una base legal necesaria para acceder a financiamiento internacional destinado a la realización de obras hidráulicas que mitiguen los efectos de las inundaciones que afectan la región, especialmente en una de las áreas más desafiantes en términos de infraestructura hidráulica del sur del conurbano bonaerense. El proyecto fue aprobado semanas atrás en la Cámara de Diputados y ahora aguarda su aprobación definitiva en el Senado bonaerense.