Una de las estrategias del gobierno de Javier Milei consiste en impulsar las inversiones en la «economía real». Por ello, tanto en la Ley Ómnibus que no fue aprobada como en el borrador de la nueva ley que será sometida a votación en el Congreso, se ha incluido un régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI), tanto nacionales como extranjeras.

Más allá de un marco de estímulo específico como el propuesto por el Gobierno, la inversión está condicionada por las condiciones macroeconómicas. Varios representantes empresariales coincidieron en resaltar los avances en la dirección correcta para resolver algunos de los desequilibrios existentes. Uno de los aspectos destacados fue la resolución por parte del Ejecutivo de la deuda comercial acumulada, mediante el bono Bopreal. Asimismo, señalaron el cronograma establecido para acceder a dólares para importaciones.

«Como pasos importantes, podemos destacar que se ha resuelto la deuda previa con el Bopreal y se ha establecido un nuevo método para el pago de importaciones. Actualmente estamos importando bajo el esquema establecido y en función de ello hemos podido tener un cronograma de pagos previsible», afirmó Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, quien acaba de completar un ciclo de inversión de US$110 millones en el país, y tiene previsto poner en funcionamiento una nueva planta de producción en Zárate a partir del primer trimestre de 2026.

En la misma línea, Pablo Pérez Marexiano, director de Banca Corporativa de ICBC, expresó: «Las conversaciones con las empresas se centran en dos aspectos. Uno está relacionado con el contexto operativo, a raíz de los cambios que han ocurrido. Por ejemplo, el tema de las importaciones y el pago de la deuda comercial con Bopreal, el acceso al mercado de divisas y la dinámica de las tasas. Todo esto en un contexto generalmente difícil, ya que las compañías están experimentando caídas en las ventas y la producción. Sin embargo, lo comprenden y ya habían anticipado la recesión, por lo que están gestionando la situación y considerando qué pueden hacer en términos de inversión una vez que estos temas coyunturales se resuelvan».

A pesar del entorno desafiante, las estadísticas revelan un creciente número de empresas que se registran en el sistema financiero formal y comienzan a llevar a cabo sus operaciones a través de este medio. Según el índice Interbanking del segundo semestre de 2023, aproximadamente 11.000 empresas se han bancarizado durante este período, lo que representa un aumento del 3,9% en comparación con el mismo período del año 2022.

«En la misma línea, continúa aumentando el número de cuentas bancarias por empresa: se registra un incremento del 5,8% en comparación con el mismo período del año anterior. En total, hay casi 4,8 millones de cuentas distribuidas entre 530.973 empresas, lo que significa que hay un promedio de 8 cuentas por empresa», resaltó la empresa.

Sus ejecutivos señalaron que la presencia de múltiples bancos es común en el sector corporativo, ya que cada entidad posee experiencia en algún aspecto particular del negocio. La bancarización de las operaciones está estrechamente vinculada con la formalización de las ventas, y en este sentido, surgen las retenciones fiscales (de hecho, el índice muestra un aumento del 137% en los pagos realizados por las empresas a la AFIP), las cuales a menudo obstaculizan el crecimiento de las inversiones.

Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), señaló que la elevada carga impositiva y las leyes laborales restrictivas obstaculizan la inversión, pero no son los únicos. También mencionó la inflación crónica (que en última instancia es resultado de la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal), las regulaciones obsoletas, las numerosas barreras al comercio exterior y la persistente inestabilidad pública. Grinman celebró la intención del Gobierno de abordar estos desequilibrios, aunque lamentó que «la dirigencia política en su conjunto no haya sido capaz de llegar a acuerdos para implementar estas transformaciones».

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este jueves que, aunque desea hacerlo, Argentina no puede comenzar por ese camino y primero deberá reducir el déficit. No obstante, anticipó que dicho proceso podría llevarse a cabo el próximo año.

Daniel González, director ejecutivo de IDEA, coincidió con la postura oficial. «Es necesario que tanto el Gobierno como las provincias logren un equilibrio fiscal, lo que implica que no se puede reducir los impuestos desde el primer día. Sin embargo, una vez que comience el crecimiento, creemos que es necesario reducir los impuestos y simplificarlos. Hemos presentado propuestas para modificar Ingresos Brutos y el Impuesto a los Débitos y Créditos, este último incentiva la informalidad porque se cobra al realizar una transacción bancaria. Estos aspectos son fundamentales para maximizar la inversión. Tenemos una gran cantidad de impuestos, algunos de los cuales se superponen… Todo esto fomenta la informalidad«, señaló.

Para una empresa, tomar la decisión de invertir implica considerar una amplia gama de variables, muchas de las cuales van más allá de los cambios en el gobierno. En este sentido, los entrevistados destacaron la importancia de la estabilidad macroeconómica.
Barcesat explicó que, aunque en su industria las inversiones son a largo plazo, existen condiciones importantes que deben cumplirse antes de concretar el proceso.

«Es necesario contar con reglas claras, previsibilidad sobre el funcionamiento de la economía y también tener un mercado potencial», resumió. Además, agregó: «El problema de la inflación es crucial porque está relacionado con el costo del dinero. En nuestro caso, los camiones y autobuses se pagan con trabajo y financiamiento. Para el cliente, sería más fácil renovar su unidad en un entorno de inflación más baja y tasas de interés más favorables», destacó.

En respuesta, González afirmó: «El primer paso era estabilizar la situación macroeconómica, y el Gobierno está trabajando en ello. No es un proceso rápido, pero están abordándolo de manera decidida. Esto incluye la eliminación del cepo, que, con una brecha cada vez más estrecha, parece estar a solo unos meses de distancia. La estabilización también conlleva una inflación de un solo dígito que está disminuyendo. Ese era el primer objetivo y el Gobierno está trabajando para lograrlo».

En la misma línea, Pérez Marexiano explicó que las empresas siguen esperando la estabilización macroeconómica, la reducción de la inflación, la evolución de las tasas de interés y las regulaciones sobre el pago de dividendos y deudas en el extranjero. «Otro aspecto importante en este sentido es si se abrirá el mercado de capitales internacional para emitir deuda y financiar proyectos de gran envergadura, que el mercado nacional no tiene la capacidad de financiar», agregó. Además, señaló que la eliminación del cepo también es un factor crucial para los empresarios.

Por último, los empresarios también ven la agenda de reformas como un paso clave para fomentar la inversión en la economía real. González enfatizó la importancia de que comiencen a implementarse los cambios que el Gobierno intentó impulsar.

«Ya sea a través de una nueva versión de la Ley Ómnibus o mediante una serie de leyes dirigidas a realizar reformas laborales, previsionales, fiscales y otros temas específicos para diferentes sectores. Esta es la gran incertidumbre que tienen los inversores en general y las empresas: si el Gobierno podrá aprobar estas reformas mediante leyes. En este sentido, vemos muy positiva la convocatoria al Pacto de Mayo porque aumenta las posibilidades de que las reformas sean aprobadas», concluyó.

Además de los cambios en el ámbito impositivo, el representante de IDEA argumentó a favor de una reforma previsional, que contribuya a la estabilización de la macroeconomía, y una reforma laboral. Consultado al respecto, mencionó la necesidad de eliminar multas o modernizar los convenios colectivos de trabajo.

«También es importante facilitar la contratación de personal, lo cual está relacionado con el costo de despido. Cuando este último es excesivamente alto, los empresarios lo piensan varias veces antes de contratar. Hemos presentado varias propuestas y creemos que, sin modificar la Ley de Contrato de Trabajo, hay margen para introducir algunos cambios«, enfatizó.

Por último, Grinman destacó el espíritu reformista de la sociedad. «Una parte significativa de la población está decidida a avanzar hacia un cambio profundo; esto me lleva a ser moderadamente optimista en cuanto a que las reformas que los argentinos necesitamos desde hace mucho tiempo, y que son indispensables para alcanzar un país próspero del cual muchos soñamos, se materializarán más temprano que tarde», concluyó el representante de la CAC.