El incremento en los impuestos sobre el inmobiliario urbano y rural, así como en los automotores, aunque genere una mayor presión fiscal, aportará menos fondos en comparación con las transferencias discrecionales que fueron interrumpidas por el Tesoro. En el año 2023, a través de esta última vía, la Provincia recibió la suma de $825.000 millones.
La disputa entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires por el aumento de impuestos impulsado por Axel Kicillof se ha intensificado, generando tensiones sobre el impacto significativo que tendrá en los contribuyentes, tanto en el impuesto inmobiliario urbano y rural como en los propietarios de automóviles.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, ha asumido un papel destacado en la crítica al impuesto propuesto por Kicillof, comparándolo con la controversial medida conocida como la «circular 125», que provocó un conflicto con el sector agropecuario en 2008. Francos, alineado con la postura de la Casa Rosada, ha subrayado el malestar de los empresarios agropecuarios de la provincia de Buenos Aires ante este aumento impositivo.
El presidente, Javier Milei, ha criticado públicamente a Kicillof, argumentando que el aumento de impuestos es una consecuencia directa del descontrol del gasto en la provincia. Esta confrontación es fundamentalmente sobre recursos financieros, especialmente después de la decisión del gobierno nacional de reducir las transferencias discrecionales a las provincias, lo que afecta significativamente el presupuesto de Buenos Aires.
En un intento por contrarrestar esta medida, Kicillof ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia, presentando una demanda centrada en la reducción de fondos por parte del gobierno nacional. Sin embargo, los expertos advierten que será difícil para Kicillof compensar la pérdida de ingresos con el aumento de impuestos, dado el declive en la recaudación de impuestos inmobiliarios y automotores en los últimos años.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para justificar el aumento impositivo, los contribuyentes se han enfrentado a incrementos significativos en sus facturas. Las autoridades tributarias explican que estos aumentos se deben a cambios en las bonificaciones previamente otorgadas, lo que ha generado malestar entre la población.
En medio de esta disputa, figuras políticas como José Luis Espert y Javier Milei han llamado a una «rebelión fiscal», aunque las autoridades tributarias niegan que exista una disminución significativa en la recaudación. Argumentan que estos llamamientos buscan distraer a la población de los problemas económicos más amplios que enfrenta el país, como la inflación, la recesión y la disminución del poder adquisitivo.
