La Cámara de Diputados, que hace un mes frustró la aprobación de la «Ley de Bases» impulsada por el Gobierno y que el día miércoles estuvo a punto de obligar al oficialismo a debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, es ahora la encargada de decidir el destino del DNU 70/23, rechazado ayer por el Senado. La suerte del gobierno de Javier Milei también pende de un hilo si llegara a perder vigencia el principal sostén legal en el que actualmente se apoya para gobernar.

Los diputados tienen en sus manos una carta tan influyente como crucial. El oficialismo, liderado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, se enfrenta a un escenario desafiante: la base para rechazar definitivamente el DNU cuenta con el respaldo de 109 legisladores seguros, incluyendo a los bloques de Unión por la Patria, la Izquierda y varios radicales disidentes. A ellos se sumarían el socialismo y Margarita Stolbizer (GEN). Si lograran reunir otras 17 voluntades, alcanzarían el quórum y, con él, la mayoría simple para invalidar el decreto.

La brecha se reduciría considerablemente si los representantes de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz en la Cámara de Diputados (cinco en total) siguieran el ejemplo del Senado y rechazaran el DNU. La misma postura adoptarían los diputados cordobeses Natalia de la Sota y Juan Brugge. La perduración del DNU dependería entonces de apenas una decena de votos.

Por ahora, el oficialismo se encuentra apacible: mientras se mantenga esta diferencia, es poco probable que prospere una sesión convocada por la oposición más radical para derogar el decreto. Los legisladores dialoguistas afiliados a la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, aunque cuestionan la constitucionalidad de la medida, no se sumarán a la ofensiva, al menos por el momento. Entienden que ello implicaría un duro golpe institucional para un gobierno recién iniciado que, además, cuenta con un sólido respaldo popular. Sin embargo, como políticos que son, buscarán sacar provecho de este nuevo escenario que les ofrece el Senado y utilizarlo en su beneficio.

¿Podrá el oficialismo mantener esta brecha para evitar el golpe final? La respuesta está en el terreno político. En resumen, con este «semi-rechazo» al DNU, los gobernadores y diputados obtienen un poder significativo frente al Ejecutivo, un arma que seguramente utilizarán para negociar y condicionar las futuras leyes. Entre estas, el paquete fiscal es de particular interés para los mandatarios provinciales, ya que incluye impuestos y medidas que afectarán directamente la coparticipación que reciben.

Con el mega DNU vacilante después del rechazo del Senado, la relación de fuerzas entre el presidente Milei y los gobernadores se invierte drásticamente. También cambia la dinámica entre el Poder Ejecutivo y los diputados opositores «independientes» (un término que engloba a aquellos que no están afiliados a ningún mandatario provincial). Es poco probable que Milei pueda mantener su estrategia de subordinar a las provincias recortando unilateralmente las transferencias discrecionales; si persiste en esta política, que Milei ha acompañado con críticas despectivas hacia los gobernadores, los diputados ofendidos podrían unirse al grupo decidido a rechazar el DNU.

El Gobierno también queda condicionado frente a la UCR, Hacemos Coalición Federal y otros bloques dialoguistas, que aunque actualmente no tienen intención de derogar el decreto, podrían cambiar de opinión rápidamente si, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que el ajuste fiscal recaiga principalmente sobre los asalariados y jubilados.

¿Cómo podría evitar Milei convertirse en rehén de la oposición y mantener la vigencia del DNU? Una opción que se está considerando es impulsar una sesión en la Cámara de Diputados para que aprueben el DNU: de esta manera, según la ley vigente, quedaría ratificado. Sin embargo, el oficialismo, incluyendo a Pro, solo cuenta con 80 votos y necesita el apoyo de los bloques dialoguistas.

Otra opción podría ser la de neutralizar el DNU como factor condicionante. La bancada de diputados de Pro, aliada al Gobierno, empezó a explorar esta opción cuando el rechazo al DNU comenzó a perfilarse en el Senado: proponen impulsar leyes similares a los distintos capítulos del decreto. Esta alternativa cuenta con el respaldo de amplios sectores de la oposición.

Antes de que concluyera la sesión en la Cámara alta, el bloque liderado por Cristian Ritondo presentó tres proyectos de ley que reproducen uno de los capítulos fundamentales del mega decreto: la reforma laboral, la cual fue suspendida por la Justicia en enero pasado.

Estas iniciativas legislativas buscan ampliar el período de prueba, promover la registración laboral ofreciendo beneficios en las cargas sociales, simplificar los trámites para la registración de empleados y declarar servicios esenciales a las áreas clave para garantizar su prestación, frente a huelgas y reclamos sindicales que puedan interrumpir el normal funcionamiento de la sociedad.

El radicalismo también propone replicar otros aspectos del DNU en leyes espejo. Proyectos en ese sentido fueron presentados por la senadora Carolina Losada y el diputado Martín Tetaz en enero pasado. Además, el diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal y miembro de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, también considera que la mejor manera de preservar el contenido más positivo del DNU es avanzar en leyes espejo en el Congreso.

El principal obstáculo para los «negociadores» es que Milei no parece estar interesado en negociar nada. Desde el inicio de la discusión sobre el DNU, incluso los opositores, incluidos los dialoguistas, han instado a Milei a retirar el decreto y presentarlo como proyectos de ley. Esta fue la estrategia que utilizó el expresidente Mauricio Macri en 2018, cuando la oposición también amenazó con rechazar uno de sus primeros decretos. Habrá que esperar para ver si el líder libertario sigue ese camino.