Debido al operativo represivo bajo el título de «protocolo anti-protestas» de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que derivó en detenciones y al menos 285 personas lesionadas por las fuerzas de seguridad, el fiscal Ramiro González pidió las primeras medidas para establecer en particular la responsabilidad del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Federal (PFA).

Los agentes de este grupo dispararon balas de goma a mansalva en la noche de 1º de febrero, una de la cuales lesionó gravemente en el ojo izquierdo del abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), y otra hirió en la espalda a Guillermo Ermili, secretario parlamentario del bloque PTS-FIT de Diputados.

Tras estos ataques, la fiscalía le pidió a la PFA que entregue la orden que dispuso el despliegue de efectivos (para saber quién la dio y en qué términos), la nómina de todos los policías que participaron, las modulaciones entre las 20 y las 23 horas y si Asuntos Internos dispuso algún sumario frente a la violencia utilizada por los efectivos.

Aufieri fue aceptado como querellante por el juez Julián Ercolini y la investigación quedó delegada en la fiscalía de González quien, en un primer dictamen, delimitó su análisis a lo sucedido aquel 1º de febrero, el segundo día de protestas contra la Ley Ómnibus.

La denuncia de donde nada el expediente había sido presentada por el defensor Luciano Hazan, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación. Al principio brindó una descripción que había hecho Ermili, quien relató que cerca de las 21 horas aparecieron los policías motorizados cuando no había gente cortando la calle, andaban en círculos y comenzaron a disparar hacia la zona de la Plaza del Congreso donde estaban los manifestantes, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Sumado a esto, tiraron un gas con un alto grado de irritación (incluso superior a la pimienta y el lacrimógeno) y luego dispararon postas de goma hacia la parte superior del cuerpo (lo que puede causar lesiones fatales).

Aufieri, que también es asesor del Frente de Izquierda, presentó después un escrito propio con algunos detalles, como que las motos eran unas 15 y el doble de policías (iban dos por vehículo) y que los agentes sentados atrás disparaban a muy corta distancia directamente a la cara. No se les veía la cara porque llevaban casco. Antes la Gendarmería había bajado a la gente a los empujones de la vereda del Congreso hacia la calle, pero todo el mundo se subió a la plazoleta y la plaza. El abogado entregó filmaciones (hubo canales que tomaron escenas de brutalidad policial) y el informe de la Comisión Provincial por la Memoria.

El fiscal González pidió entre sus medidas que el Congreso entregue las imágenes de sus cámaras de vigilancia que hayan registrado el ataque policial en la parte de la plaza ubicada entre las calles Entre Ríos, Solís, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Lo mismo hizo con el Centro de Monitoreo Urbano de la policía porteña. A la comisaría comunal 3C le encomendó obtener cámaras de videovigilancia de comercios u otros establecimientos cercanos. A la PFA, que informe si se labró un sumario interno. Al jefe de la fuerza, Luis Rollé, le dijo que debe enviarle: «La orden del servicio operativo dispuesto para cubrir la manifestación convocada en el contexto del debate del proyecto de ley denominado ´Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos’ en los alrededores del Congreso (una medida clave para saber quién y qué orden les dio a los policías)«; «la nómina del personal que cumplió aquella orden en el turno que comprende el horario de las 21 horas del Grupo de Operaciones Motorizadas y especifique la función de cada miembro del grupo»; «las modulaciones efectuadas entre los miembros de la fuerza entre las 20 y las 23 horas». También pidió informes al hospital Santa Lucía, al Bazterrica y al Instituto de la Visión, por donde pasó Aufieri.

Asimismo, este lunes la querella llevó adelante algunas medidas adicionales: más testigos y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explique por qué no había iluminación o la luz era muy débil en las inmediaciones del Congreso.

Mientras tanto, en la causa a cargo del juez Sebastián Casanello, hay un habeas corpus donde se analiza a pedido de la legisladora porteña Celeste Fierro (MST) la constitucionalidad del protocolo anti-manifestaciones, la ministra Bullrich hizo su contraataque con seis presentaciones: apeló la aceptación de los amicus curiae (más de 30 organismos de derechos humanos que se presentaron para participar con sus opiniones expertas), apeló y pidió la nulidad de la declaración de competencia del juez, lo recusó, reclamó que se suspenda el proceso hasta que la Cámara Federal defina la competencia, en otro escrito planteó la nulidad de todo lo actuado y, por último, solicitó suspender la nueva audiencia prevista para este miércoles. La primera audiencia se hizo la semana pasada, la ministra fue en persona y fue un intercambio de posiciones cargado de tensión.

Casanello hizo lugar a las apelaciones, sostuvo su competencia, abrió un incidente aparte por la recusación, pero se negó a suspender la nueva audiencia. Con anterioridad, había dictado una medida cautelar en la que exhortó al Ministerio de Seguridad a que ponga límites a la actuación de las fuerzas ante la protesta, acorde al derecho local e internacional, pero la Cámara la dejó sin efecto.

Varios de los detenidos durante las movilizaciones contra la Ley Ómnibus fueron procesados por atentado y resistencia a la autoridad y llamó la atención que la fiscalía de flagrancia, con la confirmación del juez, impuso en algunos casos severas restricciones como la prohibición de salir del país y de acercarse a menos de 1000 metros de la zona del Congreso (donde se habían movilizado).

Este lunes el Ministerio Público de la Defensa, tras una audiencia, consiguió que el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 30, deje sin efecto esas medidas. Aceptarlas había sido la condición para devolverles la libertad a los manifestantes bajo la advertencia de que si incumplían serían acusados de un nuevo delito, desobediencia, y se podría pedir su detención.

El Ministerio Público de la Defensa planteó que no existían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Impedirles acercarse al Congreso sólo coartaba el derecho a la libertad de expresión y de reunión, según los argumentos. El uso del derecho penal en estos casos solo busca disciplinar, agregó. También cuestionó las detenciones en uso del protocolo ya que, contra los estándares internacionales de protección, ubica al derecho a circular por sobre el de manifestación pacífica. Y algo clave: no hubo hechos de violencia de parte de los manifestantes sino de la policía y las fuerzas.