La puesta en marcha del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Hurlingham abrió una fuerte controversia en el distrito. La iniciativa promovida por el intendente Damián Selci se presentó como una herramienta para atraer inversiones y potenciar el perfil logístico del municipio gracias a su cercanía con corredores estratégicos como el Camino del Buen Ayre, la Ruta Provincial 4 y el Acceso Oeste. Sin embargo, distintos sectores vecinales cuestionaron el alcance de las modificaciones y el modo en que avanzó el proceso de aprobación.

Las críticas comenzaron desde el tratamiento mismo de la ordenanza. Vecinos y organizaciones locales señalaron que el trámite avanzó en pocas semanas y denunciaron dificultades para acceder a la documentación completa del proyecto. También remarcaron la ausencia de información pública vinculada a los estudios técnicos y al mapa actualizado de usos del suelo.

La audiencia pública convocada para debatir la iniciativa tampoco logró disipar las objeciones. Según denunciaron participantes del encuentro, el acceso a la información fue limitado y la organización del debate generó malestar. Uno de los asistentes sostuvo que “la audiencia no cumplió con la normativa ya que el acceso a la información fue limitado y lo poco que pudimos acceder fue días antes de la audiencia; el espacio para los vecinos fue pequeño, no se garantizó que todos pudiéramos estar y, los pocos que estuvimos, soportamos 11 horas de audiencia, con vallas, seguridad y todo tipo de provocaciones por parte del municipio”.

Pese a las críticas, el nuevo código recibió el respaldo de una amplia mayoría del Concejo Deliberante. La iniciativa obtuvo votos favorables de concejales de Unión por la Patria, el PRO, La Libertad Avanza y otros espacios políticos.

Uno de los puntos que más controversia despertó fue la expansión de áreas industriales y semiindustriales dentro del distrito, especialmente en sectores cercanos a zonas residenciales consolidadas. Vecinos de barrios como Parque Quirno advirtieron que la modificación podría profundizar conflictos de convivencia entre actividades productivas y viviendas familiares.

Dentro de ese debate apareció el caso de la firma petroquímica Sualier S.A., cuya operatoria se desarrolla en una zona urbana del municipio. Habitantes del barrio manifestaron preocupación por el tipo de sustancias que manipula la empresa y por la circulación de camiones de gran porte en calles internas. Una vecina resumió esa inquietud con una frase contundente: “Un polvorín en nuestro barrio”.

Los cuestionamientos también alcanzaron a las políticas de control ambiental. Distintos sectores sostuvieron que la presencia de establecimientos de alta complejidad industrial requiere mayores mecanismos de supervisión por parte de los organismos competentes de la Provincia de Buenos Aires.

Pero la discusión no se limitó al aspecto industrial. Otra de las críticas apuntó al impulso de nuevos desarrollos inmobiliarios de mayor escala, habilitados por el código en determinadas áreas del partido. Vecinos advirtieron que el aumento de densidad urbana podría profundizar problemas ya existentes en materia de servicios públicos, especialmente en redes de agua, cloacas y gas.

Una estudiante universitaria expresó esa preocupación y afirmó que “los edificios nuevos no son para nosotras, las nuevas generaciones, no podemos pagar ni un ambiente porque no tenemos trabajo digno. Estos edificios son para especulación inmobiliaria, son negociados para unos pocos y, además, son construcciones sin cloacas ni servicios básicos, por lo que saturan el sistema que ya viene funcionando bastante mal”.

En paralelo, algunos habitantes de distintos barrios denunciaron deficiencias en el acceso al agua potable y reclamaron inversiones en infraestructura antes de habilitar proyectos de mayor envergadura.

Frente a este escenario, comenzaron a multiplicarse reuniones vecinales y espacios de discusión sobre el futuro urbanístico del distrito. Los sectores críticos sostienen que el nuevo código prioriza intereses empresariales e inmobiliarios por encima de las necesidades de la comunidad. Desde el oficialismo, en cambio, defienden la reforma como una herramienta para promover inversiones, empleo y desarrollo económico.

La discusión continúa abierta y promete convertirse en uno de los principales ejes del debate político local. El nuevo Código Urbanístico ya está vigente, pero las objeciones de vecinos y organizaciones mantienen encendida una polémica que atraviesa temas sensibles como el ambiente, el crecimiento urbano y el modelo de ciudad que tendrá Hurlingham en los próximos años.