El ajuste de la gestión de Javier Milei dejó a los gobernadores la semana pasada con menos las transferencias discrecionales, subsidios al transporte y fondos para educación tras la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso. A modo de disciplinamiento. Ahora va por otro sector político que le a edtado ejerciendo resistencia desde el principio: El sindicalismo. El Gobierno  prevé una fuerte reducción de los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales sindicales que administran los principales líderes de la CGT.

El 24 de enero, la central obrera realizó el paro general más rápido dispuesto contra un gobierno desde el retorno de la democracia y el Presidente busca una ofensiva. A través de sus funcionarios, anticipó a los gremios el nuevo recorte que, en parte, ya se puso en marcha: el Gobierno no depositó en enero a las prestadoras sindicales los $ 5.000 millones correspondientes al programa SUR que subsidia los tratamientos de alta complejidad y los medicamentos de alto costo.

Sin embargo, el recorte continuará arrasando al punto de afectar el financiamiento de servicios para discapacitados y la atención médica de jubilados y monotributistas. El mismo Gobierno admitió a los sindicalistas que reducirán a un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que se utiliza para costear los servicios de transporte y educación para discapacitados, lo que obligaría a las obras sociales a financiarlos con recursos propios.

Desde la CGT ya advierten que continuarán utilizando el recurso de la Justicia para poder frenar esas medidas, en línea con la contraofensiva judicial que ya pusieron en marcha algunos gobernadores tras la eliminación de los subsidios al transporte y del fondo de incentivo docente.

La central obrera había logrado que durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa incluyeran en el Presupuesto 2023 una partida específica de $132.000 millones para costear los rubros de discapacidad por fuera del FSR, pero hasta diciembre solo se habían transferido $ 70.000 millones. Ahora la gestión libertaria nisiquiera continuará con esas transferencias. Ahora a esa decisión se suma que sus propias prestadoras deberán pagar una parte de los servicios.

«No entienden que no están castigando a los sindicalistas. Esto lo pagan los trabajadores, la gente y la salud pública que ya está colapsada», advirtió a José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y el referente de la conducción cegetista encargado de la problemática de las obras sociales. El dirigente destacó que es «crítica» la situación del FSR, que es administrado por la Superintendencia de Salud y se financia de un porcentaje de los aportes de los trabajadores, porque los recursos no alcanzan para cubrir el sistema que hoy presta servicios médicos a más de 14 millones de personas.

El escenario no es prometedor: En enero, el 90% de los recursos que el Fondo recaudó tuvo que utilizarlos para los gastos por discapacidad (tras la aplicación de un incremento de 30% en esos servicios). Según los cálculos de la CGT, de mantenerse esa situación las obras sociales acumularían a fin de año un rojo de $ 200.000 millones, imposible de financiar con fondos propios de los sindicatos. Y si las prestaciones médicas se siguen actualizando en línea con la inflación pero las subas de los salarios, cuyos aportes financian el sistema, no acompañan esa evolución, todo empeorará.

Como si todo esto no fuera suficiente, la gestión libertaria planea dar de baja los subsidios automátivos de SUMA, SUMA+ y SANO, destinados a compensar los aportes que reciben las obras sociales de monotributistas, jubilados y trabajadores de salarios bajos. Las prestadoras sindicales recibieron durante enero los recursos de esas transferencias correspondientes a diciembre, pero no recibieron confirmación oficial de lo que ocurrirá con los fondos de enero y febrero.

«No hay diálogo, no se sabe qué va a pasar«, expresan desde la cúpula cegetista, donde esperan una convocatoria formal del titular de la Super de Salud, Gabriel Oriolo, que recaló en el organismo tras el paro de la CGT y el desplazamiento de Enrique Rodríguez Chiantore, el referente de Patricia Bullrich que había sido designado al inicio de la gestión Milei y apoyado por algunos sindicalistas.