Lo anunciaron en conferencia de prensa luego de que se suspendiera la reunión de comisión de Juicio Político contra los jueces de la Corte Suprema.
Los diputados de Juntos por el Cambio solicitaron este martes el desafuero del oficialista Rodolfo Tailhade luego de que trascendieran chats que lo vinculan con Ariel Zanchetta, el ex policía que decía ser periodista, y se convirtió en el eje principal de la investigación por el espionaje a jueces de la Corte Suprema de Justicia.
La oposición también reclamó que el diputado kirchnerista entregue su teléfono a la Justicia y que la comisión Bicameral de Inteligencia abra una investigación formal. “Es inadmisible que un espía sea parte del Poder Legislativo”, señalaron.
“La calidad de querellante la tiene cada uno de los afectados, queremos actuar con responsabilidad. No es cuestión de entrometer a la competencia electoral. Después del balotaje, la política argentina va a tener que levantar la mirada, no puede ser que a las instituciones la secuestren los servicios de inteligencia”, alertó Negri.
Además, Ritondo resaltó que “lo que estamos viendo es lo peor. En el 2016 y el 2023 hablan de más de 1.906 espiados. Acá se trata de la desproporción de a dónde han llegado: de espiar ilegalmente en Argentina y utilizarlos para llevar un a un juicio político a la Corte Suprema y amedrentar a todos los testigos”.
A partir del análisis de los movimientos de Zanchetta y de sus dispositivos electrónicos, la Justicia determinó que era un agente “inorgánico” de la AFI que puso en la mira a muchos “objetivos”, a quienes les “investigó” distintos aspectos privados y laborales, como los sueldos que percibían, creencias religiosas, entorno familiar y hasta las personas con las que se relacionaban.
La Justicia todavía no determinó con certeza las motivaciones que tenía. Pero ordenó un allanamiento en la casa y las oficinas de Fabián “Conu” Rodríguez, uno de los directivos de la AFIP, que -según diálogos encontrados en los teléfonos de Zanchetta- le hacía “encargos” y le pagaba con pauta oficial. El procedimiento, a cargo de personal de Gendarmería, se hizo en la sede de esa repartición pública y en la casa del funcionario, en donde se secuestraron computadoras y documentos. Como no estaba, no se llevaron su celular, indicaron fuentes del caso.
