Fuente: Diario Perfil

“Cuando escucho a gente del Gobierno que dice que hay avances significativos en la causa me pregunto ¿de qué estarán hablando? Nos preguntamos eso con (el juez Arnaldo) Corazza”, dice a PERFIL el fiscal Sergio Franco, una de los funcionarios clave en la investigación por la desaparición de Jorge Julio López.

El albañil, de 78 años, fue visto por última vez el 18 de septiembre del año pasado a las 9:45, en el centro comercial de Los Hornos, una localidad de La Plata. Después, no se supo más nada de él. López, cuyo testimonio fue clave para condenar a cadena perpetua al represor Miguel Etchecolatz, se convirtió en el primer desaparecido en democracia.

Sin noticias. La causa se inició como averiguación de paradero, 48 horas después de su desaparición. En el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, donde se lo esperaba para escuchar los alegatos, todos estaban preocupados porque no podían comunicarse con él. Militantes y familiares salieron a buscarlo al cementerio. Suponían que estaría allí porque un amigo suyo se refugió en ese lugar durante la dictadura. Ya era un hecho, para ellos, que algo había pasado. Un día después, Etchecolatz le decía al tribunal oral que lo acusaba: “Ustedes no me condenan, se condenan”. La frase parecía un mensaje.

Sin embargo, la Justicia tardó tres meses en decidir que la ausencia de López obedecía a un secuestro. Fue entonces cuando la competencia de la investigación pasó del juzgado provincial de María Inés Garmendia al federal Nº 3 de Arnaldo Hugo Corazza. Más de 20 cuerpos integran el expediente, cada uno de ellos con 200 fojas. Con el paso de los días, la investigación suma cada vez más pistas, pero ninguna que conduzca a resultados positivos.

La carátula del expediente es: ‘López, Jorge Julio, su desaparición’, pero los organismos de derechos humanos que son querellantes en la causa penal exigen que se rotule como una “desaparición forzada de persona”. Una comisión especial, liderada por el superintendente de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, ejecuta las órdenes de Corazza. Son, junto a la SIDE y otras fuerzas de seguridad, los encargados de hacer allanamientos, escuchas telefónicas y perseguir cualquier pista que aparezca. Hasta ahora, pese al optimismo del presidente Néstor Kirchner y del ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, no encontraron nada.

Edgardo Binstock, secretario de Derechos Humanos bonaerense, reconoce a PERFIL que “si estuviera vivo, a esta altura alguien lo hubiera visto. Tratamos de ser prudentes por la única razón de que todavía no apareció el cuerpo”, añade.

Desbordados. El titular de la Unidad Fiscal Federal, Franco, tiene un secretario y cuatro empleados. Corazza, el juez a cargo de la instrucción, cuenta con sólo dos personas para que lo ayuden. Si la fiscalía o el juzgado sólo se encargaran de la desaparición de López, podría parecer no tan grave. Pero la realidad es que en ambos casos están abocados a la totalidad de las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en la jurisdicción del Departamento Judicial de La Plata. Corazza y Franco llevan, por ejemplo, los expedientes del circuito de centros clandestinos que estaban al mando del ex jefe de la Bonaerense, Ramón Camps, y también los delitos conexos. Tienen más de 200 casos a su cargo. “Los recursos son harto insuficientes, porque el grupo humano tiene, además de la causa López, un montón de obligaciones con las que también tiene que cumplir“, explica Franco.

Del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema depende que Corazza tenga más elementos financieros y humanos. Del procurador general de la Nación, Esteban Righi, designado por Kirchner, que Franco adquiera los recursos necesarios. Pero hasta ahora, nada.

Purga. “Hay fuerzas que siguen actuando con impunidad a nuestras espaldas”, dijo el Presidente, a pocos meses de la ausencia de López. La pista de los “represores”, que sostiene que el testigo fue secuestrado por ex militares y ex agentes de inteligencia, es la más firme tanto para el Gobierno nacional, como para Corazza y el fiscal Franco.

Por tal motivo algunas organizaciones de derechos humanos reclaman que la investigación no quede en manos de la fuerza policial. “A nosotros, Arslanian nos dijo que había 9.000 policías que estaban de la época de la dictadura y que 60 revistaron en centros clandestinos. Lo único que hizo fue jubilar a 37 de esos 60. Pero con los demás no hizo nada”, explica a Guadalupe Godoy, abogada querellante por el espacio Justicia Ya. “Desde los organismos cuestionan a muchos oficiales que investigan, pero acá no va a venir ni Interpol, ni la guardia del Papa, ni el FBI. Es lo que hay”, se defienden algunas fuentes de la Justicia.

Hora de reconversión. El juez federal Carlos Rozanski, que le tomó testimonio a López, condenó a Etchecolatz y tiene a su cargo el juicio al cura represor Christian Von Wernich, le comentó a PERFIL que “si se pretende hacer las cosas bien, hay ciertas áreas de seguridad que necesitan ser reconvertidas. No tengo una noción exacta de qué cantidad de personas que estuvieron en la dictadura siguen trabajando en la actualidad. Algunas áreas del Estado han sido reconvertidas, otras no. Es evidente que se necesita que esto se haga”, explicó. Rozanski considera que recién a partir de la tragedia de López se generaron condiciones de protección y contención para los que declararon en juicios posteriores. En el juicio al capellán militar no faltaron testigos.

Pero la impunidad parece seguir vigente. Aunque comprobaron que no era López, todavía no se pudo identificar al cadáver que apareció calcinado en el Camino Negro, en Punta Lara, pocas horas después de la desaparición del testigo, y que alguien se encargó de relacionar con el caso. A esa persona, por la que nadie reclama, le ejecutaron de rodillas, mientras estaba atada de pies y manos. Lo único cierto es que a un año de su desaparición, el Estado no encuentra a López, no tiene pistas firmes, y la causa parece avanzar hacia un destino incierto.