Axel Kicillof avanzó con una denuncia penal contra el funcionario judicial Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y contra el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Dalessandro.

El Gobernador los acusa por los delitos de «tráfico de influencias» y «violación de los deberes de funcionario público» tras la filtración de chats entre ambos funcionarios y los efectos que pudo tener esa relación en la causa sobre la coparticipación. La causa cayó en el Juzgado Federal 1 de La Plata que lleva adelante Alejo Ramos Padilla, mientras que la fiscal a cargo es María Laura Roteta.

Es una de las tantas denuncias que se presentaron contra Robles, todas por los mismos causales. Una de ellas fue impulsada por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; otra la presentó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Los jueces y fiscales de Santiago del Estero y La Rioja que intervinieron en esas presentaciones plantearon que carecen de competencias y giraron la causa a Comodoro Py.

En tanto, días atrás, el juez federal Sebastián Ramos absolvió a Robles ante otra denuncia presentada por el abogado Gastón Marano. El magistrado rechazó de plano tener en cuenta pruebas que fueron obtenidas de manera ilegal para continuar con la investigación.

Esto establece un antecedente muy importante para el resto de las causas surgidas de este escándalo que comenzó con el viaje de D’Alessandro, jueces y directivos de Clarín a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido.

«El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que lo justifique», planteó Ramos, que recordó que ni el Estado ni nadie debe entrometerse en la «vida privada de forma ilegal».

«Esta protección, vuelvo a reiterar, sufrió su punto de menoscabo más alto durante la última dictadura militar», recordó el juez Ramos, que remarca sobre la necesidad de reconstruir el estado constitucional de Derecho.

Fuentes judiciales destacaron este miércoles el principio jurídico: ne bis in idem, que establece que nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho.

En días de feria judicial, la presentación recayó en el juzgado de Ramos Padilla, un magistrado cercano al kirchnerismo que acumuló notoriedad por la investigación conocida como el D’Alessio Gate, donde desnudó una organización de espionaje. Allí fueron procesados Marcelo D’Alessio, fiscales, periodistas y ex jefes de inteligencia.

Su padre, Juan María Ramos Padilla, es integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, y es quien llamó a movilizar varias veces contra los jueces de la Corte.

Ramos Padilla (Padre) participó, junto a Luis D’Elía, de movilizaciones de carácter político, en las que se pedía la liberación de los «presos políticos» por casos de corrupción, como la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, el ex vicepresidente Amado Boudou, el lonko Jones Huala y el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

La presentación del gobierno de la provincia señala que «existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

«En los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente», sostiene el escrito.

En este marco, el gobierno bonaerense pidió que «se allane al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a los fines que proceda a la localización de toda documentación o instrumento que sea pertinente y de interés para la presente causa».

La denuncia fue difundida por el gobierno bonaerense a través de un comunicado en el que advierten que la provincia de Buenos Aires «es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

«Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno», agrega el texto del comunicado.