El Ministerio de Desarrollo Social anunciaría este lunes la suspensión de los planes de casi 160 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, tras conocer los resultados de la última auditoría que se realizó para identificar y validar los datos de cada uno en el sistema.

Según trascendió, un 89% del padrón de beneficiarios regularizaron su situación y cobrarán el plan completo el próximo 5 de febrero. Sin embargo, el 11% que resta, que representa alrededor de 160 mil personas, percibirá la mitad del monto por no cumplir con la medida.

En el caso de que estos beneficiarios no regularicen su situación, serán dados de baja del programa a los 60 días. Sin embargo, aunque el objetivo del Gobierno nacional era validar todos los datos antes del 6 de enero -luego se aplazó hasta el 15-, se puede realizar un reclamo a través de la plataforma Mi Argentina y la Secretaría de Economía Social será quien revise la situación.

La modificación de los planes es un asunto que viene se viene charlando, tanto desde el Ministerio de Economía como en la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz. Desde los últimos meses de 2022 la ministra se encuentra en conflicto con los movimientos sociales por las auditorías del Potenciar Trabajo tras las denuncias de irregularidades.

Un informe de la AFIP echó luz sobre una serie de incompatibilidades acerca de 253.184 beneficiarios del programa que no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que realizan. Entre ellas se encuentra la compra de dólares para ahorro y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

En ese marco también se halla el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implica un déficit de 2,5% para el 2022, y del 1,9% para el 2023, lo que representa una fuerte reducción del gasto público, teniendo en cuenta que este año hay elecciones.

Desde diferentes movimientos sociales, como la Unidad Piquetera, expresaron que el gobierno mantiene «la línea de recortar y no de auditar» y criticaron que la principal dificultad para aquellos beneficiarios que no pudieron validar sus datos se deben a inconvenientes en la conectividad o la falta de un dispositivo para hacerlo. Desde este sector no se descarta la realización de medidas de fuerzas, sumada a la protesta por la demora en la entrega de alimentos que forman parte de los programas sociales.