Horacio Rodríguez Larreta avanzará esta semana contra la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó dar marcha atrás con la quita de fondo coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, las autoridades porteñas notificarán hoy al máximo tribunal que el Gobierno incumplió la sentencia. Por otro, esta mañana se analizarán los pasos a partir de esa presentación, aunque está confirmado que denunciarán penalmente a los funcionarios que no cumplan el fallo, empezando por la presidenta del Banco Nación, Silvia Batakis, y todo el directorio de la entidad, responsables de girar los fondos coparticipables a la ciudad.

“Vamos a utilizar todas las herramientas legales e institucionales que tenemos para hacer cumplir este fallo. Es una barbaridad institucional lo que está pasando, no lo vamos a permitir”, sostuvo Larreta tras la resolución de Alberto Fernández, apoyada por 14 gobernadores. Y agregó: “Acá está en juego si queremos tener un país democrático y republicano o no. Si queremos tener un país donde se respeten las instituciones o donde el autoritarismo manda. En un país donde no se cumplen las normas, una vez que no se cumple una ya entrás en riesgo de que no se cumpla ninguna”.

“Estamos monitoreando la situación minuto a minuto”, afirmó a Infobae un importante referente porteño, que anticipó que la estrategia jurídica será abordada en un encuentro que tendrá hoy Larreta con su mesa política y de comunicación, del que participarán el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el procurador general de la ciudad, Gabriel Starloa.

En la reunión, que se realizará en la sede porteña de la calle Uspallata, se aprobará el escrito que será elevado ante la Corte para dar cuenta de que, transcurridos dos días hábiles desde el fallo, el Gobierno todavía no lo acató y también se evaluarán otras medidas, aunque algunos funcionarios de la ciudad prefieren esperar la presentación del Gobierno antes de tomar otras decisiones. “Lo que hizo el Presidente no es muy ortodoxo, es un manotazo de ahogado, pero la Corte espera que presente sus fundamentos y después resolverá”, dijo un miembro del equipo larretista.

Entre las medidas que aún no se instrumentarán están los actos de ejecución forzada, a partir de los cuales el gobierno porteño pedirá que se trabe un embargo de los fondos correspondientes. “Son decisiones que puede tomar la Corte o las podemos pedir nosotros, pero en la reunión terminaremos de definir si agregamos algo o no a la notificación de que el Gobierno no cumplió la sentencia”, afirmó la misma fuente, que destacó: “No tenemos plazos para hacer alguna otra presentación”.

“Todavía no existieron hechos consumados que denoten el no cumplimiento -agregó el referente larretista-, sino que sólo fueron declaraciones públicas del Presidente. No es extraño que se empiece a acatar dentro de dos o tres días. Por eso es importante la presentación judicial efectiva del Gobierno ante la Corte. Hay posibilidades de que el tribunal desestime sus argumentos en forma inmediata”.

Además de Rodríguez Larreta, D’Alessandro y Astarloa, en la reunión de esta mañana en Uspallata estarán presentes Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface; el secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, Federico Di Benedetto; el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario; el secretario de Medios, Christian Coelho, y los diputados nacionales nacional del PRO Omar De Marchi y Silvia Lospennato.

Allí, además, se le dará forma a la denuncia penal que será presentada contra los funcionarios que no acaten lo dispuesto por la Corte: “El fallo es claro. Ordena al Banco Nación, a través de Silvia Batakis y el directorio, que giren el dinero. Vamos a ver si se bancan decirle que no a la Corte. Pero luego iremos contra el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, que tienen injerencia en las partidas presupuestarias y en su ejecución”, advirtió un importante funcionario de la Ciudad.

Aun así, reconoció que “el fallo de la Corte en favor de que el Gobierno le devuelva a la provincia de San Luis 15.000 millones de pesos en fondos coparticipables tardó como 20 días hábiles en ejecutarse porque el Estado Nacional necesita tiempo para adecuarse, más allá de la pirotecnia verbal”.

La oposición avanzó con denuncias penales contra el Presidente y los gobernadores: la Coalición Cívica, Republicanos Unidos y dirigentes del PRO encabezados por Patricia Bullrich hicieron presentaciones por el acto de desobediencia a la Corte. “Tienen que ir todos presos”, dijo Bullrich.

Para el gobierno porteño, “no hay manera” de que Alberto Fernández sostenga su decisión de no acatar el fallo de la Corte. “Salió a tensar la cuerda y abrió una grieta más profunda. Así como Pedro Castillo invalidó al Congreso en Perú, el Presidente invalidó a la Corte”, juzgó un larretista.

La misma fuente hizo una advertencia sobre las consecuencias de no acatar el fallo de la Corte: “Todo lo que emite el Banco Central es jurisdicción nacional y los bonos del Estado que se compraron y que sus poseedores quieren ejecutar pueden estar sujetos al capricho del Gobierno. Si no, ¿qué seguridad jurídica hay? Con la desobediencia, el oficialismo rompió todo el esquema económico”.

En ese sentido, el referente del gobierno porteño se hizo una pregunta que se develará en las próximas horas: “Después del desacato del Gobierno, habrá que ver cómo abren los mercados el lunes”.

El conflicto por la coparticipación comenzó hace dos años, luego de que la Nación redujera la masa de recursos de coparticipación que le gira a la CABA de 3,5% a 2,32%, en primera instancia y luego a 1,4%. El recorte a la ciudad de Buenos Aires fue dispuesto por Alberto Fernández el 9 de septiembre de 2020 en medio de un conflicto salarial de la policía bonaerense y, además de los perjuicios económicos para los porteños, derivó en una ruptura de la relación del Presidente y el jefe de Gobierno. Rodríguez Larreta se presentó en la Corte Suprema e inició un recurso de amparo para frenar el decreto presidencial. Y el miércoles pasado, con una medida cautelar, el máximo tribunal resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. El Presidente decidió no acatar la sentencia y abrió un conflicto de aristas graves e imprevisibles.