La ex intendenta de La Matanza Verónica Magario ofició de intermediaria entre intendentes de la oposición y el gobierno provincial. Pidió que se reduzcan las exigencias, pero también instruyó al ministro de Hacienda que se mejore la oferta para el Fondo de Infraestructura Municipal en el Presupuesto de 2023.
El miércoles hubo reunión en la Cámara de Diputados bonaerense con representantes de la oposición y miembros del gobierno de la provincia de Buenos Aires para destrabar el tratamiento del Presupuesto de 2023. No hubo acuerdos pero sí avances.
En representación de Juntos estuvieron los intendentes Julio Garro del PRO y Miguel Fernández de la UCR, acompañados por los diputados Maxi Abad, Adrián Urreli, Christian Gribaudo, Agustín Máspoli y Andrés De Leo. En representación del Ejecutivo estuvo el ministro de Hacienda Pablo López y el jefe de Gabinete Martín Insaurralde. También los presidentes de la Legislatura, Verónica Magario de Senadores y Federico Otermin de Diputados, quienes fueron acompañador por legisladores del Frente de Todos.
Magario tuvo un rol protagónico a la hora de discutir el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y los Fondos para la Seguridad.
La oposición reclama que el gobierno acepte repartir 82 mil millones de pesos entre los 135 municipios. Mientras que el oficialismo ofrece menos de la mitad: 28 mil millones para el FIM y 7 mil millones para seguridad.
La intervención de Magario fue clave para acercar posiciones. La vicegobernadora argumentó que el reclamo de Juntos es excesivo, y a cambio ofreció acercarse hasta 53 mil millones. Incluso instruyó al ministro López para concretar ese número.
En la oposición interpretaron el juego pero redoblaron. Ahora toman a esos 53 mil millones como el piso de una nueva discusión. E intentarán que la cifra sea superior.
El intendente de La Plata, Julio Garro, dijo que “el Gobierno debe entender que nuestro pedido no es para los intendentes de la oposición sino para los 135 intendentes de la Provincia”. Los jefes comunales del oficialismo también siguen expectantes estas negociaciones, y reclaman al gobernador por más fondos.
Otro de los pedidos es que la mitad del FIM se haga efectiva inmediatamente después de presentado el proyecto, y que el resto no se desembolse en más de tres o cuatro cuotas.
Además, quieren que sea menos engorroso el proceso administrativo y que la rendición se haga a través de los certificados de obra directamente en el Tribunal de Cuentas.
