Dos legisladores de la oposición cuestionaron que el Ministro haya aprobado el balance de Aysa, que tiene un déficit de casi $80 millones. La empresa de agua potable es gestionada por su pareja.
Dos diputados de la Coalición Cívica presentaron este martes 8 de noviembre un planteo ante la Oficina Anticorrupción (OA) para que se investigue si el ministro de Economía Sergio Massa violó la ley de Ética Pública al aprobar el Presupuesto de Aysa. Se trata del organismo conducido por su pareja, Malena Galmarini, que cerrará con un déficit de casi $80 millones.
La presentación lleva la firma de los legisladores de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Mariana Stilman, y fue enviada este martes al titular de la OA, Félix Crous.
Ahí consideraron que «la conducta del Sr. Massa colisiona con la ley de Ética en el Ejercicio de la función pública. Es por ello necesario, y parte de su función, que la Oficina Anticorrupción a su cargo se expida sobre el particular, por lo que solicitamos que se aboque al estudio de la presente y resuelve lo que estime corresponda«.
En la presentación a la que tuvo acceso PERFIL también señalaron que «parecería evidente que el Sr. Sergio Massa en su carácter de cónyuge de la Sra. Malena Galmarini debería excusarse de intervenir en la aprobación de un balance de la empresa AYSA que es nada más ni nada menos que deficitario».
Dicha presentación fue redactada luego que se publique en el Boletín Oficial la Resolución 795/2022 firmada por el ministro de Economía. En ese texto se aprobó el Plan de Acción y Presupuesto del ejercicio 2022 de la empresa de aguas, que tiene, entre otros puntos, uno que estimó el Resultado Financiero (déficit) de 2022 en $79.892.613.
Por qué cuestionan a Massa
La idea central del planteo contra el ministro de Economía es que por su relación de parentesco con la titular de AYSA no debería intervenir en todo lo inherente a esa empresa estatal.
«Conforme surge de la Ley de Ética Pública, lo que se pretende evitar es la intervención del funcionario público en decisiones que puedan afectar el normal y transparente desenvolvimiento en el diseño, gestión, administración y control de la cosa pública», consideraron en la presentación.
En la argumentación los legisladores citaron una decena de normativas que, desde su punto de vista jurídico, avalan el planteo.
