Luego de la crisis interna en el Frente de Todos y la posterior asunción de Silvina Batakis, las tres patas del oficialismo atraviensan un momento de tregua. Una señal de este momento de paz es el respaldo que recibió la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Estado, Alberto Fernández, con respecto a un tema tan sensible como es el Poder Judicial.

Para el presidente, «la Justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática. Como Presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una Justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos».

Más allá de que no se pusieron específicamente de acuerdo para criticar a la Corte Suprema de Justicia, es sabido que es uno de los puntos clave del kirchnerismo por las causas por corrupción. En un momento, al principio de la gestión, aunque se barajó la posibilidad de un proyecto para una reforma judicial, hoy por hoy no están las condiciones políticas y sociales para implementarla.

«Omití un hecho esencial en el análisis sobre la Corte de los Cuatro: el 50 por ciento de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay». Cristina acompañó la publicación con un video del expresidente Mauricio Macri, en el que dice que el decreto que él firmó para nombrar a dos jueces de la Corte Suprema «fue una propuesta de Pepín», añadió la vice.

Luego, el presidente denunció lo que, para él, se trata de una persecución contra Cristina: «La vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal».

Alberto Fernández también había cuestionado la designación por decreto de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. «Fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la Justicia», dijo. Por otra parte, denostó que el presidente de la Corte Suprema sea, al mismo tiempo, quien preside el Consejo de la Magistratura y que éste se haya erigido en tal función poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo. «Eso solo deja en evidencia su desapego a la ley y a elementales normas éticas», remarcó.

El 29 de junio de 2020, Alberto presentó en Casa Rosada, junto a la entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo, un proyecto de reforma que buscaba descentralizar a la Justicia Federal, unificar fueros y cámaras, crear fiscalías y defensorías, transferir competencias a CABA y restablecer pautas para garantizar la independencia de los jueces. Ese proyecto fue aprobado en el Senado, pero luego el oficialismo no consiguió los votos suficientes en Diputados, donde la iniciativa se frenó y no pudo ser tratada.

El Frente de Todos también presentó en junio de este año, en el Senado de la Nación, un proyecto que fue consensuado entre el Ejecutivo y un grupo de 18 gobernadores para la ampliación de la Corte Suprema y que ésta pase a estar conformada por 25 miembros –en lugar de los 4 que tiene hoy–, con representación federal y de género. Ese proyecto tampoco avanza por no tener el consenso suficiente con la oposición en ninguna de las dos cámaras.