El municipio de La Matanza realizará una presentación judicial contra la ciudad de Buenos Aires para reclamar una «deuda histórica millonaria» que asciende a más de 100 mil millones de pesos en concepto de «tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano», por «una masiva deportación de pobres formando las villas en terrenos fiscales de la Nación» dentro del territorio de ese partido de la provincia de Buenos Aires.

El equipo jurídico que asesora al municipio más populoso del conurbano bonaerense dialogó con Télam sobre esa «deuda histórica» que tiene sus inicios en las relocaciones de las villas porteñas realizadas por los gobiernos dictatoriales en territorios que pertenecían a la Nación, pero que se ubicaban en distritos de la provincia.

Al igual que ocurrió en otros municipios, La Matanza recibió habitantes de barrios populares de la entonces Capital Federal, que todavía pertenecía a la órbita del Estado nacional porque no era autónoma, y que fueron ubicados en terrenos fiscales nacionales por los que «nunca se pagaron las tasas municipales».

Uno de los puntos que el distrito gobernado por el intendente Fernando Espinoza reclama a la Ciudad, administrada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, es una «deuda por 20 mil millones de pesos en tasas municipales no pagadas«.

«Es una larga historia de privilegios de la Ciudad, que incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva deportación de pobres», sostienen desde ese municipio del conurbano bonaerense, mientras definen los pasos a seguir.

«Es una larga historia de privilegios de la Ciudad, que incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva deportación de pobres»

Los asesores legales validaron el reclamo en el concepto de «continuidad jurídica» que tiene la Ciudad y, por eso, la «deuda crece día a día» y además demuestra que «el centralismo está lleno de falta de solidaridad social y de privilegios», indicaron las fuentes.

Por otro lado, los cálculos de expertos ambientalistas y urbanistas, en concurso con sociólogos, psicólogos sociales y analistas del comportamiento del individuo regido por sus circunstancias, establecen en «al menos 100 mil millones de pesos el daño que el comportamiento del Estado porteño provocó, y sigue provocando, en territorio matancero».

En un repaso histórico que realizan desde el municipio, la Ciudad desplazó a los habitantes de sus asentamientos hacia precarias viviendas construidas con «carácter transitorio» en terrenos de su propiedad en La Matanza, denominados «Núcleos Habitacionales Transitorios».

«La transitoriedad hizo que no se edificaran viviendas dignas, que no haya una planificación urbanística, que no se midieran impactos ambientales, que no se los dotara de servicios básicos indispensables, que se colapsaran los accesos y que se desnaturalizara el entorno», protestaron desde La Matanza.

Como en los campamentos de refugiados

Asimismo, señalaron que «por ser transitorios, esos lugares se convirtieron en factores de contaminación en el amplio sentido del término y se violaron normas socioambientales comprobadas en todo el mundo, provocando hacinamiento y la inevitable generación de conductas masivas anómicas, creando un clima similar al de los campamentos de refugiados».

Entre los ejemplos de las villas porteñas relocalizadas en tierras matanceras y que crearon más de 10 barrios populares en casi 400 hectáreas, cuya titularidad pasó a la ciudad de Buenos Aires, se encuentra el barrio San Petesburgo, que está cumpliendo ya cinco décadas desde su instalación «precaria» utilizando terrenos que la Ciudad «manejaba a través de la Comisión de la Vivienda».

«Lo que sucedió fue casi una deportación. La permanencia de una injusticia no la transforma en otra cosa: sigue siendo una injusticia», sostienen desde el municipio bonaerense.

Desde La Matanza recuerdan que «desde hace 28 años, desde que la Ciudad fue autónoma, sus Gobiernos locales miraron para otro lado cuando se les reclamó esa deuda».

«La ciudad más rica del país se niega a pagar las deudas que tiene con un municipio cuyo presupuesto es casi 40 veces menor y elude asumir el costo socioambiental que provocó la apresurada e insensible mudanza obligada y llena de mentiras para sus vecinos pobres del sur», sentenciaron.

En el Poder Ejecutivo municipal recordaron que «hace casi un año hubo una reunión entre el Gobierno nacional, representado por Gustavo Beliz, autoridades eclesiásticas, el Gobierno porteño y La Matanza» por este tema, pero «no hubo avances».