La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmará el martes el proyecto de ley de movilidad previsional. Y será enviado ese mismo día al Congreso.

Cristina tomó la decisión el viernes luego del acto de Berazategui. Con esa instrucción, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, convocó a su despacho al ministro de Trabajo, Carlos Tomada; al secretario de Seguridad Social, Walter Arrighí; al titular de la ANSeS, Amado Boudou, y al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, para preparar el texto del proyecto. Se descuenta que los funcionarios trabajarán también hoy y para tener listo el borrador mañana.

Si bien el Gobierno se había comprometido a enviar el proyecto durante este año, y así figura en la Ley de Presupuesto, el cambio en la Jefatura de Gabinete aceleró los tiempos, más aún con los antecedentes de Massa en la Seguridad Social. Fue director ejecutivo de la ANSeS entre 2002 y 2007.

Y la medida tiene también un contenido político: es parte de los anuncios "positivos" que el Gobierno planifica dosificar en los próximos días (como el salario mínimo), buscando cambiar el humor social, luego de cuatro meses de conflicto con el campo.

La movilidad comprende a 5.600.000 jubilados y pensionados. Eso incluye a las pensiones no contributivas que se ajustan con las jubilaciones estatales.

Las fuentes aseguraron que el proyecto ordenaría el ajuste de las jubilaciones dos veces por año de acuerdo a un índice combinado que tomará la evolución del Indice General de Salarios y la recaudación impositiva que va a la Seguridad Social. Eso incluye diversos tributos, como IVA y Ganancias.

Se prevé que aún aplicando esa movilidad, el régimen previsional estatal siga teniendo superávit. Ese saldo positivo pasará a formar parte del Fondo de Sustentabilidad del Régimen Público -que hoy cuenta con unos $ 20.000 millones-- para "asegurar la solvencia de mediano y largo plazo del sistema", según afirman los técnicos de la Seguridad Social. Una vez aprobado por el Congreso, la nueva ley entraría a regir en enero de 2009.

Actualmente los haberes se ajustan cada vez y en un porcentaje que lo decide el Gobierno por decreto o por el Congreso al discutir la ley de Presupuesto. Este año se dispuso un aumento del 7,5% en marzo y otro 7,5% en julio. Como la inflación anual real supera esos porcentajes, hacia fin de año no se descarta que puedan "otorgarse recomposiciones adicionales en los montos de los haberes", según un informe oficial.

Se descuenta que el proyecto derogará la ley llamada de Solidaridad Previsional de Menem y Cavallo aprobada en 1995 que derogó la movilidad automática de las jubilaciones y el ajuste de los haberes en función de los salarios. Esa ley --que remitió cualquier ajuste a la la decisión del Congreso-- aprobó además una quita sobre los haberes superiores a $ 3.100, que se sigue aplicando.

También se habría decidido que vuelva a regir la movilidad especial que cuentan los docentes, investigadores científicos, diplomáticos y jueces. Esos sectores aportan 2 puntos más al sistema jubilatorio (13% y sin tope salarial) y tienen derecho al 82% o 85% móvil del cargo por el que se jubilaron. No obstante, la ANSeS aprueba el 82% o 85% al momento de determinar el haber inicial, pero luego no aplica la movilidad a medida que suben los salarios de los activos. Ahora se revería ese criterio sin necesidad de una nueva ley, ya que la Corte Suprema ha fallado que esos regímenes, "incluidas sus movilidades", estaban vigentes.

El jefe de Gabinete le habría planteado al ministro Tomada que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Social se reúnan con las Comisiones de Previsión de Diputados y del Senado para que cuenten con todos los elementos técnicos para que puedan analizar y debatir el proyecto.