Entre enero de 2019 y agosto de 2020 se abrieron 29 mil causas por tenencia para consumo. El 75% son por posesión y la gran mayoría por menos de 5 gramos (un cigarrillo de marihuana). En las comunas con villas se concentra la mayoría del accional policial y de las causas.
El clasismo que se desprende de la declaración de María Eugenia Vidal tiene un correlato en las estadísticas, pero no tanto del consumo como de la persecución por parte de la Policía de la Ciudad, que es marcadamente mayor en los barrios pobres que en -para usar el ejemplo de Vidal- Palermo.
En concreto, los datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y del Ministerio Público Fiscal porteño indican que entre enero de 2019 y agosto de 2020 se abrieron 29.206 causas por tenencia para consumo. El 75 por ciento aproximadamente son por posesión y la gran mayoría por menos de 5 gramos (es decir, por un porro). El 38 por ciento de las causas fueron en la Comuna 1, donde está la Villa 31, el 16,5 por ciento en la comuna 4 (donde está la 21-24 mencionada por Vidal y la Zavaleta), el 14,8 por ciento en la comuna 8 (donde está la Villa 20) y cerca del 8 por ciento en Balvanera. En esos barrios se concentra la mayoría del accionar policial y de las causas (casi un 75 por ciento).
El otro dato central es que más del 80 por ciento de esas causas las inicia de oficio la Policía de la Ciudad. En su informe titulado «La guerra contra los consumidores de droga debe terminar», el CELS advierte que desde que los delitos por tenencia de droga fueron transferidos al ámbito porteño -comandado por el PRO desde la jefatura de los fiscales y desde la Policía de la Ciudad- hubo un incremento exponencial de causas: pasaron de 4.777 causas en 2018 a 19.275 al año siguiente. Un aumento de más del 400 por ciento. Si se toma como parámetro las causas de 2020, trepa a más de un 500 por ciento. Todo esto, alerta el CELS, pese a que la Corte Suprema declaró en 2009 que la tenencia para consumo personal no era una conducta criminalizable.
El organismo de derechos humanos remarca que de esos casos que inicia la Policía de la Ciudad, más del 90 por ciento luego son desestimados por el Poder Judicial. La clara distribución de las causas (y de las detenciones) según los barrios de la ciudad muestra -según plantea el CELS- «que la policía las usa como parte del control y el hostigamiento a los más pobres. Es un claro sesgo de clase: por decisión policial y de la política de seguridad, el consumo de drogas es un delito casi únicamente en las zonas más pobres de la ciudad». Algo que coincide con la mirada de Vidal.
