El 21 de septiembre de 2016 se publicó en el boletín oficial la Ley 14.836 que puso fin a las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales, legisladores y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires.

En aquel entonces gobernaba Cambiemos de la mano de Maria Eugenia Vidal. Pero la iniciativa de la ley fue del Frente Renovador, que desde del 2013 venía pregonando con ponerle límites a las funciones más importantes tanto a nivel provincial como municipal. 

Primero pasó por diputados y luego, en agosto del 2016, terminó siendo sancionado por los senadores de la legislatura bonaerense. Por su parte, los bloques opositores del Frente para la Victoria (FpV) y el Partido Justicialista (PJ) cuestionaron y votaron en contra del proyecto. 

La norma establece que los intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores que lleguen al poder “podrán ser reelectos por un nuevo período”, pero que “sí han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.

La Ley estipula además que las funciones de intendente y concejal son incompatibles con las de gobernador, vicegobernador, ministros y miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial nacionales o provinciales –exceptuando el ejercicio de la docencia y a los integrantes de la administración o directorio de sociedades civiles y/o comerciales en las que el Estado sea parte- y con las de empleado a sueldo de Municipalidad o de la Policía.

La ley completa en este link. 

LA DISPUTA POLÍTICA

El Presidente Alberto Fernández fue el que apretó el botón para que se reanude la discusión cuando se reunieron con los intendentes del conurbano y les dio el guiño para que se avance hacia la abolición de ley 14836. 

Son varios los mandatarios peronistas que se vieron perjudicados por dicha norma. Cómo también así algunos jefe comunales de Juntos por el Cambio que no podrían ser candidatos en las próximas elecciones del 2023. 

Por eso, la mayor incomodidad por la postura del presidente no vino desde la oposición sino puertas adentro. La Cámpora sería el mayor perjudicado si se deroga la ley promulgada en el Gobierno de Vidal.

Sucede que el espacio político que lidera Máximo Kirchner viene trabajando territorialmente en varios distritos para poder tener un intendente con ese signo político. Mayra Mendoza es el único ejemplo relevante de esto, pero para llegar a ser la máxima autoridad municipal despojó a Martiniano Molina, de Cambiemos. Salvo alguna que otra excepción, en 2019, no se le habilitó el juego a La Cámpora para que le pueda competir a los intendentes del PJ. Con la ley Vidal, 2023 esa configuración es inminente. Por eso, el aval de Alberto para quitar esa norma inquieta al kirchnerismo. 

El Frente Renovador es el otro espacio político dentro de la coalición gobernante que está incómodo con la iniciativa para abolir la ley que impide las re-reelecciones. Las razones son obvias: el massismo fue el precursor de dicha norma y no puede echarse para atrás con esa postura. 

Así las cosas, el aval del presidente para que los intendentes busquen la forma de mantener su hegemonía en sus municipios hizo más ruido puertas adentro que por fuera del Frente de Todos.