La vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, respaldó el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos que implementó el Gobierno nacional y aseguró que es una decisión que va más allá de la pandemia. «La decisión política del Presidente, Alberto Fernández, de congelar los precios de las tarifas de los servicios públicos no obedece a la situación económica que ha generado la pandemia, sino que es un freno a los abusos que se han cometido en la gestión de Macri y Vidal a favor de las empresas energéticas y en contra de los usuarios, las pymes, los comercios, los clubes de barrio y las entidades de bien público», sostuvo.

«Por supuesto que desde el Gobierno nacional y nuestro gobierno provincial venimos estableciendo normas especiales y ayudas excepcionales para amortiguar el impacto económico que genera esta crisis mundial, pero en el caso de lo relacionado con las totalmente desproporcionadas tarifas de energía cobradas a los hogares durante el gobierno de Cambiemos, de lo que se trata es de terminar con la estafa a los bolsillos de los argentinos y bonaerenses y con las ganancias impresionantes que ha tenido ese sector», agregó la ex intendenta de La Matanza.

«Estas auditorías que se están realizando, y que arrojaron ya dos denuncias penales, muestran con claridad que la decisión política de Macri y Vidal les aportaron a las licenciaturas (muchas de ellas de empresarios allegados al ex Presidente) ingresos en exceso por al menos $21.255 millones constantes desde que asumieran en diciembre de 2016, equivalentes a USS 1.343 millones», explicó la vicegobernadora, que agregó que «esas mismas diferencias que demuestran las auditorías también surgen si se comparan propuestas alternativas del mismo equipo de Aranguren, que fueron desechadas en favor de la desmedida rentabilidad empresarial en prejuicio de los usuarios».

Magario recordó que «en junio de 2016, cuando comenzó esa transferencia de dinero de los bolsillos de las familias a las ganancias desproporcionadas de las empresas, como intendenta de La Matanza en ese momento me presenté a la Justicia y pedí una medida cautelar para frenar el atropello». «Nos mostraban un Excel, aparecía el propio Presidente por televisión para explicar que la energía es cara y mientras tanto le cobraban tarifas desorbitadas a la gente para favorecer negocios objetables», remarcó.

La vicegobernadora agregó que «durante el gobierno de Macri y Vidal debíamos acudir a la Justicia para frenar esos atropellos en contra de la gente y de las empresas. No había un Estado que se preocupara por el bienestar general, ya que todo era en beneficio de unos pocos». «Ahora hay un gobierno que tiene como prioridad la gente y no la rentabilidad de empresarios amigos. Por eso, en algunos casos se trata de evitar que sectores de la sociedad queden sin acceso a servicios esenciales, como la reciente decisión de definir como tales a la provisión de la TV por cable, la telefonía celular y el servicio de internet. Éstos dos últimos que permiten que las niñas, niños y adolescentes sigan accediendo a la educación en pandemia y que participen del mundo de la cultura, que ahora está al alcance de quien accede a la conectividad».

«En el caso de la luz, el gas y el agua, lo que se hace es reducir el enorme peso de esas tarifas generadas en los últimos cuatro años», agregó Magario. «La política abusiva de esas tarifas no cesó en todo el período de Macri y Vidal. De modo que a principios de 2019 debimos hacer en conjunto otra reiteración sobre los pedidos del amparo presentado en 2016 para frenar los incontenibles aumentos de los servicios públicos para los vecinos, las pymes, los comercios, los clubes de barrio y las entidades de bien público». La vicegobernadora recordó que en ese momento «la luz había aumentado 3600 por ciento, el gas 2400% y el agua más de 900%». «Y a pesar de esos abusos -siguió-, aún hoy padecemos los resultados de la falta de inversión de todo ese período para hacer las obras necesarias para un mejor suministro de luz, gas y agua», concluyó.