La inmobiliaria “Montenegro Propiedades” debió cerrar sus puertas tras las denuncias que recibió en su contra por parte de inquilinos agrupados. En su local de San Andrés, se encontraba atendiendo de manera ilegal, en pleno contexto de cuarentena obligatoria dictada por el gobierno nacional.

Montenegro Propiedades hostigaba a sus inquilinos para que se acerquen a pagar los respectivos alquileres, una práctica prohibida por el gobierno nacional con el dictado del Aislamiento Social y obligatorio. Otra norma defiende a los inquilinos: El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320 dictado en plena pandemia los protege de desalojos, congela el precio de los alquileres y prorroga contratos hasta el 30 de septiembre. También prevé que se puedan bancarizar los pagos.

A raíz de estas problemáticas recurrente en el distrito, se conformó “Inquilinxs San Martín” para llevar a cabo un registro de las denuncias, brindar asesoramiento y asistencia a las personas que alquilan viviendas y comercios en el distrito. “Nos organizamos para tratar de hacerle frente a las prácticas sistemáticas abusivas del mercado inmobiliario que ponen en riesgo la salud de sus propios trabajadores y sobre todo de los inquilinos, cuando se niegan a proveer de los CBU y obligan a ir a pagar a las inmobiliarias”, manifestó Mayra Llopis Montaña de Inquilinxs SM.

“La corporación inmobiliaria de San Martín hace lo que quiere sin ningún control. Hay miles de inquilinos e inquilinas que denuncian las prácticas abusivas que sufren pero nadie los escucha ni defiende. Por eso es tan importante organizarnos”, expresó Mariano Montenegro. “Los dueños de las inmobiliarias se victimizan y corren el eje de la discusión cuando son ellos quienes sistemáticamente violan los derechos y los inquilinos e inquilinas”, afirmó Pablo Amarante de Inquilinos SM.

Desde la agrupación de inquilinos revelaron que Montenegro Propiedades no es la única inmobiliaria abierta de forma ilegal en tiempos de pandemia y la cifra asciende a 12 en el distrito. “El municipio no cuenta con herramientas para defender a quienes alquilamos, por eso además de denunciar en los distintos entes nacionales y provinciales, estamos proponiendo políticas públicas para que desde el Estado municipal se pueda defender a las miles de personas que son víctimas de esta corporación”; señaló Montenegro.

“Un 60% de los inquilinos e inquilinas no pueden pagar el alquiler porque se quedaron sin empleos o vieron que sus ingresos bajaron considerablemente: Tienen que elegir entre comer o pagar el alquiler”, agregó Llopis Montaña.