Katopodis denunció a la administración macrista por «privatizar y reducir al mínimo la capacidad de control del Estado» y advirtió que «no se encontró relación entre las obras realizadas en las rutas y los subsidios entregados por el Estado», que sumaron 18.000 millones de pesos en los cuatro años de Cambiemos.

Las rutas concesionadas pasarán a manos de Corredores Viales SA —empresa integrada por el Ministerio de Obras Públicas y la DNV— de a una por mes, entre febrero y mayo.

El corredor número 3 —que integran las rutas 4 y 9, de 797 kilómetros, entre Selva, Santiago del Estero, y Perico, Jujuy— será el primero en pasar a manos de la empresa pública. La estatización no implicará la eliminación del cobro de aranceles ni reducción de personal.

«Pretedemos poner en marcha un modelo que priorice el interés publico sobre el privado (…) mostrando eficacia en la administración», destacó Katopodis, quien confió en alcanzar mejores resultados al tomar el control de los fondos públicos destinados a esos corredores y la reinversión de lo recaudado por peajes.

El ministro, acompañado por el presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasoff, y el director de la DNV, Gustavo Arrieta, advirtió que durante la gestión macrista los cinco corredores que volverán a manos del Estado recibieron subsidios por 5800 millones de pesos en 2019 y acumularon 18.000 millones en los cuatro años de gestión de Cambiemos.

Los mismos funcionarios precisaron que un tercio de los 3200 kilómetros de ruta que volverán a manos del Estado tienen un nivel de obra deficitario y una evidente falta de repavimentación.