El 5 de septiembre pasado, Bonadio había sostenido que estaban corroboradas las declaraciones de los 31 acusados colaboradores que reconocieron sus delitos y aportaron información para esta investigación. Esa decisión del juez fue apelada por otros acusados, que le pidieron a la Cámara Federal que revocara lo dispuesto por Bonadio. Ayer, la Cámara rechazó esos planteos.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron que el fallo cuestionado no es apelable. Pero, además, dijeron que Bonadio había cumplido con lo que dice la ley 27.304 (del arrepentido) «en cuanto a corroborar el cumplimiento de las obligaciones» que habían contraído los imputados arrepentidos, «especialmente la verosimilitud» de la información que brindaron «y la utilidad, total o parcial» de los datos que proporcionaron para avanzar con la causa.

Los camaristas advirtieron que el fallo de Bonadio solo afecta a los arrepentidos porque únicamente respecto de ellos «podría tener alguna incidencia al momento graduarse la pena», en caso de que ellos fueran condenados, pero dijeron que «de ninguna manera» pueden provocarles a los demás acusados perjuicios «de imposible reparación ulterior», que son la clase de perjuicios que exige la ley para que la Cámara pueda revisar un fallo como este.

Según Bruglia y Bertuzzi, lo que pretendían hacer quienes cuestionaron el fallo de Bonadio era, en realidad, «discutir por vía elíptica» la valoración que había hecho el juez de los dichos de los arrepentidos, pero eso -afirmaron los camaristas- no es algo que correspondiera revisar en este momento.

Entre quienes apelaron la decisión de Bonadio están el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y empresarios como Tito Biagini, Hugo Kot y Miguel Ángel Marconi.

El fallo en cuestión, firmado por Bonadio el 5 de septiembre pasado, dio por corroborado lo declarado por el remisero Oscar Centeno, los empresarios Juan Carlos de Goycoechea, Ángelo Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Héctor Zabaleta, Carlos Wagner, Jorge Neira, Aldo Roggio, Claudio Glazman, Juan Chediack y Enrique Pescarmona. También, por el exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti y por el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, entre otros acusados colaboradores.

La parte central de la causa de los cuadernos de las coimas, que investiga el pago de sobornos de empresarios a funcionarios públicos, ya fue elevada a juicio.

«Con la prueba recolectada -dijo el juez- se pudo establecer que durante un lapso cercano a los ocho años cuando menos Roberto Baratta, Nelson Javier Lazarte, Hernán Gómez, Fabián García Ramón, Rafael Llorens y Walter Fagyas [todos funcionarios del ex -Ministerio de Planificación Federal] efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Centeno».

El fallo de Bonadio continúa: «A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José Olazagasti, Hugo Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Daniel Muñoz, quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido».

El juez sostuvo que lo declarado por los arrepentidos había sido confirmado por otras pruebas, desde cruces de llamadas hasta registros bancarios.