En el marco de la crisis económica y la inestabilidad del precio del dólar, con sus repercusiones en el consumo y la actividad industrial, distintos sectores como la Iglesia Católica, las organizaciones sociales, y dirigentes de la oposición, están reclamando hace algunos días la implementación de la Emergencia Alimentaria para sostener a los sectores más vulnerables que no tienen garantizado el acceso a la alimentación.

La Emergencia Alimentaria fue implementada en Argentina en el pasado, durante algunos meses, para contener a los más vulnerables en momentos de inestabilidad económica. En cada ocasión se tomaron diferentes medidas acordes a la coyuntura.

La última vez se solicitó incrementar las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios, contemplando una distribución de 10.000 millones de pesos para fortalecer la asistencia que hoy se brinda.

Ahora, por ejemplo, Daniel Arroyo solicita “la emergencia alimentaria para reordenar partidas presupuestarias y orientar la inversión pública al fortalecimiento de los comedores y los merenderos que hay en cada punto geográfico de nuestro país”.

El dirigente suena fuerte como posible ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, y propone “crear un Fondo Federal de Emergencia Alimentaria y Nutricional que coordine las estrategias públicas de corto, mediano y largo plazo para dar respuesta a los problemas de hambre de la población. Sus recursos se destinarían a la distribución de alimentos a lo largo del territorio nacional y según las necesidades de cada región alimentaria del país podrán entregarse en forma directa o a través de transferencias monetarias”.

“También se debe articular entre todos los organismos del Estado, cámaras gremiales, empresarias, organizaciones sociales y de la economía popular para establecer políticas y programas de precios especiales y/o preferenciales para la compra de alimentos básicos, de insumos y cualquier otro componente de la cadena alimenticia. Junto al aumento del presupuesto del Programa Políticas Alimentarias del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, debe implementarse una canasta básica de primera infancia. También debe sancionarse una ley de góndolas, que rompa con los monopolios en los productos de la canasta básica y apuntale el desarrollo de los productores locales. Y es necesario incorporar verduras, frutas y carnes en todos estos programas, fortaleciendo los proyectos productivos de la economía popular y la agricultura familiar”, agregó Arroyo en un artículo publicado hace algunos días.

Por otro lado, el candidato a presidente Roberto Lavagna solicitó implementar la Emergencia Alimentaria desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020.

Entre los puntos más destacados, el exministro de Economía pidió:

-Aumentar los recursos destinados a los comedores escolares afectados al Programa de Emergencia Alimentaria. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires la asignación para el almuerzo deberá pasar de 27 a 50 pesos como mínimo por niño y el del desayuno o merienda de 17 a 30 pesos.

-Aumentar la ayuda extraordinaria de $1000 a beneficiarios de la AUH dispuesta por el gobierno nacional para septiembre y octubre a $1500 por cada hijo y hasta el quinto, y extenderse hasta el mes de marzo de 2020, como mínimo.

-Ampliar y reforzar la cobertura de hogares alcanzados por los sistemas de “bolsas de alimentos” o de “entrega de mercadería” actualmente vigentes.

-Incluir a las Escuelas Secundarias que necesiten los servicios alimentarios escolares, también con fondos nacionales.

-Mantener todos los días sin excepción abiertas las escuelas públicas afectadas, en condiciones de cumplir con las acciones del programa. Para ello deberán disponerse los cargos y recursos adicionales necesarios para directivos, docentes y auxiliares.

Además, Consenso Federal reclamó el tratamiento prioritario en el Congreso de la Nación de la Ley de Góndolas que tenga por objeto mejorar la competencia entre marcas y empresas de los productos que se exhiben en los supermercados lo que redundará en una mejora de los precios de los alimentos al consumidor.

También recordaron que estas medidas están enmarcadas en el acuerdo con el FMI del 12 de junio de 2018, donde se expresa en la cláusula de protección social que “en el improbable caso de que la situación social se deteriore, nos comprometemos a destinar recursos adicionales al financiamiento de nuestros programas de asistencia social más efectivos”.