Se realizó el primero de cuatro encuentros que buscan repensar la violencia institucional, una actividad brindada en el Campus de Miguelete de la UNSAM. De la actividad participaron Alejandro Pathouros, vicepresidente del PJ local, Carolina Pedelacq del Movimiento Evita, Hernán Álvarez de la Corriente Peronista Descamisados y la presidenta del centro de estudiantes del CUSAM
Cuando se habla de violencia institucional es común asociarlo a hechos vinculados a las fuerzas de seguridad. En la UNSAM se brindó un encuentro para analizar y buscar soluciones a la problemática con la presencia de los oradores Marcela Perelman (CELS), Raquel Witis (madre de un joven tomado de rehén y asesinado por la policía) y Esteban Rodríguez Alzueta (CIAJ).
Con momentos de risas y otros de tensión, los oradores hablaron desde su experiencia para eliminar lugares comunes y profundizar la mirada sobre el problema.
“No es entendido únicamente como una herencia de la dictadura o la falta de democratización de las fuerzas armadas después del terrorismo de Estado”, explicó Marcela y amplió: “Es anterior y está vinculada al comportamiento arbitrario, autoritario, abusivo y violento de las fuerzas de cualquier institución, ya sea de seguridad, servicios penitenciarios, sistema judicial o psiquiátrico”.
El abogado Esteban Rodríguez Alzueta hizo hincapié en medidas preventivas y el trabajo previo por parte de la sociedad para evitar o solucionar los hechos de violencia. “No tenemos que esperar una muerte o tortura para activar la militancia. Hay que involucrarse y llegar antes”, reflexionó.
También consideró que existe un estereotipo más vulnerable a recibir “atención policial” y lo describió como jóvenes varones de clase baja. “La humillación que sufren no lo cuentan como problema porque no ‘garpa’ en el barrio. Hicieron del enfrentamiento una oportunidad para construir una identidad dentro de la cultura de la dureza. Eso les permite hacer frente a otras humillaciones con las que se miden cotidianamente”, consideró.
Como solución a estos conflictos cotidianos en el barrio, el abogado dijo: “Hay que prevenir a través del diálogo y para lograrlo hay que dejar de demonizar a toda la policía”. Además agregó: “Para pegarnos sin culpa necesitan que tengamos una distancia”.
“No hay que dejar de reprocharle a la policía su violencia pero si los calificamos como ‘la yuta puta’ los diálogos quedan lejos», dijo Esteban Rodríguez Alzueta.
Raquel, desde la experiencia con el caso de su hijo Mariano, consideró que las opciones de acción como familiar se limitan a dos: “te levantas y salís a cambiar las condiciones que provocaron tu pérdida o te quedás muriendo en tu casa poco a poco”. Mariano había sido tomado como rehén por Darío Riquelme para robar un banco. Cuando la policía frenó el auto los asesinó a ambos por la espalda.
Cada barrio tiene sus particularidades. Raquel motivó a la gente a conocerlos, militar y registrar cuáles son las prácticas que llevan a los casos de violencia. De esta manera poder pensar e impulsar políticas públicas y herramientas. «Nos tenemos que reunir con los vecinos y organizarnos. Hay que sentarse a hablar con el comisario aunque revuelva las tripas porque ellos tienen obligaciones. Utilicemos a todos los actores pero no vayamos solos, es algo que tenemos que hacer entre todos«, concluyó.
En el debate posterior participaron madres y padres, militantes y estudiantes, entre otros. La idea de «no demonizar a la policía» abrió un análisis tenso de responsabilidades a la hora de mejorar la situación que se vive.
«Con Patricia Bullrich a la cabeza, los policías dan cada vez más palos. Hay que ponerle un ego a la juventud que tenemos alrededor para que la sociedad no quiera la mano dura para los pibes», opinó la madre de un joven fallecido en la Unidad 2 de Sierra Chica.
«Los policías no salen de la oligarquía sino de los mismos barrios. Hoy muchos chicos quieren ese trabajo porque buscan un salario asegurado, una obra social y un empleo que no puedan perder», analizó una maestra.
Algunas personas incómodas con la charla optaron por retirarse. Sin embargo, la mayor parte de los convocados se mantuvieron hasta el final de la actividad.
También estuvieron presentes Romina Rodríguez, directora de Derechos Humanos del municipio, Víctor Hugo Gómez, integrante de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín, Cristina Almeyda, integrante de la Red de Familiares que impulsa la CPM, y Fernando Bustos de la Cátedra de Solidaridad.

