Cuando un gobierno está débil y el país en crisis económica, la oposición aprovecha las sesiones del Congreso como vidriera para atacarlo y el oficialismo hace todo lo posible para no abrir el recinto.

En estas circunstancias, la Cámara de Diputados realizó ayer una sesión caliente, que duró poco más de seis horas, en la que el peronismo unido en todas sus vertientes formuló durísimas críticas y acusó al Gobierno de anular la actividad legislativa.

Por su parte, Cambiemos utilizó su fortaleza numérica para impedir que se debatieran los 76 proyectos de ley que figuraban en el temario: son rechazados por la Casa Rosada porque suponen un elevado costo fiscal, lo que va a contramano de la política de ajuste coordinada con el FMI.

Fue la primera sesión del año de la Cámara Baja desde que el presidente Mauricio Macri encabezó, el 1 de marzo, la apertura legislativa. Y se avizora un año de pocas sesiones, con los vínculos entre el oficialismo y la oposición totalmente rotos, sin margen para los acuerdos y con los diputados y senadores más preocupados por hacer proselitismo en sus territorios que por la tarea parlamentaria.

En el preludio de la campaña electoral -que arranca el 12 de julio pero en los hechos empezó varios meses antes-, la oposición había pedido la sesión especial de ayer con las firmas de los presidentes de las tres principales bancadas opositoras, Agustín Rossi (FpV-PJ), Pablo Kosiner (Argentina Federal) y Graciela Camaño (Frente Renovador).

Para empezar la sesión se necesitaban 129 de los 257 diputados sentados en sus bancas. La oposición consiguió el quórum. Sin embargo, como los 76 proyectos del temario no tenían dictamen de comisión, para debatirlos se requerían los dos tercios de los votos de los diputados presentes.

Por eso, los 107 integrantes de Cambiemos bajaron al recinto para votar en contra e impedir que la oposición habilitara su tratamiento. Así las cosas, no se debatió ninguno de los proyectos pero la oposición igualmente aprovechó para pegar duro. Cumplieron el objetivo de castigar al Gobierno y hasta acusarlo de “cerrar el Congreso”.

La más dura de todos fue la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, quien se dirigió al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y señaló: “Todos los gobiernos desde el retorno de la democracia han abierto las puertas de este recinto. Usted no puede seguir mostrándonos a nosotros cobrando ingentes sumas de dinero mientras no hacemos un carajo”, exclamó.