Después de que Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaran el fallo del juez Claudio Bonadio en la causa conocida como los cuadernos de las coimas, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes, respaldó ese reclamo y pidió que se ratifique la acusación contra Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita. También solicitó que se modifique el procesamiento acusando de «organizadores» a Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, a Ernesto Clarens y a José López. Esa figura fue atribuida únicamente a Julio De Vido y a Roberto Baratta.

Los fiscales de la causa que investiga el entramado de corrupción que funcionó -según la Justicia- desde el Ministerio de Planificación Federal para la recaudación se sobornos a empresas contratistas del Estado, solicitaron al juez Bonadio que le atribuya a Cristina Kirchner 913 hechos de corrupción. La resolución con la que quedó procesada sólo le adjudica 22 hechos.

Esta apelación fue sostenida por Moldes, quien en un extenso escrito pidió ante la Sala I que lleva el expediente y deberá resolver sobre la situación procesal de los 42 imputados, que se ratifique la acusación contra la ex Presidenta como jefa de la asociación ilícita.

Este jueves, Moldes habló por Radio Mitre y detalló que su pedido sobre la situación de la ex Presidenta es «solicitar su detención inmediata una vez que se haga el desafuero».

En su resolución, Moldes describió el rol de «jefa» de la organización asignado a Cristina Kirchner y sostuvo la acusación de sus pares de primera instancia para agravar la acusación sobre otros procesados y revertir la falta de mérito de otros.

La ex presidenta está señalada como la jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Si bien Bonadio solicitó la prisión preventiva, se indicó que para iniciar el necesario proceso de pedido de desafuero de la senadora esperará a que el procesamiento «se homologue por la Cámara Federal de Apelaciones».

A Cristina Kirchner se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos, y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos.​Sólo en su domicilio de Uruguay y Juncal se realizaron 87 entregas de fondos ilegales por casi 70 millones de dólares.

Pero los fiscales señalaron que como jefa de dicha estructura delictiva, y «ante la prueba acumulada en el expediente», la acusación sobre la ex mandataria debe ser en realidad «por 913 hechos vinculados a dádivas».

La apelación indica: «Cristina Elisabet Fernández deberá responder en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con cohecho pasivo, reiterado en novecientos trece (913) oportunidades».

Este pedido de ampliación de los delitos atribuidos fue respaldado por Moldes.

Por otro lado, se reiteró la necesidad de agravar la situación de otros acusados como Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra para que sean procesados como organizadores de la asociación ilícita y no únicamente como miembros de la misma. También se requirió misma acusación contra José López y el financista Ernesto Clarens.