López fue trasladado al Juzgado de Claudio Bonadio en los Tribunales de Comodoro Py aunque se negó a dar su testimonio: figura en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como parte de la trama de recolección de pagos ilegales por la concesión de obra pública.

El pasado viernes, López había declarado en el juicio en su contra por enriquecimiento ilícito: aseguró que el dinero que contenían los bolsos que llevó a un convento en General Rodríguez no era de él, sino de «personas vinculadas a la política» y que lo obligaron a trasladarlo.

López fue trasladado a los tribunales a primera hora desde el penal de Ezeiza, donde cumple prisión desde aquella madrugada de junio de 2016, y a su salida fue fuertemente custodiado y evitó cualquier contacto con la prensa.

El exsecretario de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner fue involucrado en esta causa a partir de la declaración de quien fuera su segundo en la cartera de Obras Públicas, Germán Nivello, quien brindó detalles de los pagos ilegales.

Puntualmente, Nivello declaró que -por orden de López- le llevó al ex secretario Roberto Baratta dos bolsos con 1.250.000 pesos que estaban destinados a la campaña electoral de Tucumán, donde López se quería postular a gobernador en 2015.

• Roggio, también ante Bonadio

La acción en los tribunales de Comodoro Py continuó también con la declaración del empresario Aldo Roggio, titular de la centenaria constructora que lleva su nombre, y que también solicitó sumarse a la lista de «arrepentidos» que ya tiene la causa.

El empresario está imputado como «partícipe necesario» de la asociación ilícita que describió el fiscal Carlos Stornelli en función de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. Esa presunta organización ilícita, dice el fiscal, recaudaba dinero de empresarios ligados a contratos de obra pública.

Vale recordar que el viernes pasado, el propio Roggio se presentó a la Justicia. Según trascendió, pese al secreto de sumario, el empresario admitió haber hecho «pagos aislados» por unos cien mil dólares, sin que se conocieran más detalles. El fiscal y el empresario habrían acordado en esa oportunidad el ingreso de este al régimen de «imputado colaborador».