El equipo del Frente Renovador, encabezado por la presidenta del bloque Graciela Camaño, presentó una acción declarativa por inconstitucionalidad del DNU firmado por el Gobierno a comienzos de enero, el cual incluye más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano. Fin de la oposición constructiva.
Los diputados Graciela Camaño, José Ignacio de Mendiguren, Alejandro Grandinetti, Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Marco Lavagna y Carla Pitiot, se acercaron al Palacio de Justicia con el objetivo de denunciar la inconstitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia N°27/18 firmado por el Presidente Mauricio Macri el día 10 de enero y publicado en el Boletín Oficial un día después.
En ese marco, Camaño sostuvo: “Estamos iniciando una acción declarativa de inconstitucionalidad por el decreto 27, fijado el 10 de enero por parte del Poder Ejecutivo. Estoy haciendo lo mismo que en enero 2010, cuando el kirchnerismo, con la excusa del bicentenario, pretendió modificar la ley del Banco Central por DNU. Y realmente lamento que hombres y mujeres, que hoy son del oficialismo y buscan la República cuestionando estos instrumentos del kirchnerismo, hoy no nos estén acompañando. Nosotros tenemos coherencia”.
En relación al DNU, precisó: “Es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia. Esto tranquilamente se puede tratar por las vías de la ley, que es la discusión parlamentaria, que es la más rica. El Congreso funciona, se puede debatir y ganar o perder una discusión, pero de golpe nos encontramos con una ley que modifica leyes, deroga otras, elimina normas. Una preocupación grande porque se embarguen los sueldos de los trabajadores, no solo sobre pedidos de créditos, sino sobre boletas de servicio”.
En esa línea, aseguró: “Hoy vinimos a cuestionar el DNU. El Ejecutivo tiene que aprende a gobernar en democracia, no vamos a permitir que gobiernen por decreto. En enero 2010 junto con Pinedo, Bullrich y Carrió, reclamábamos esto mismo. El Poder Ejecutivo está especulando al máximo con el DNU. En su propia redacción establece que al momento de la publicación entra en vigencia, que sería el 11 de enero. Ya se están instrumentando acciones con un decreto que es ilegal”.
Por su parte, el diputado nacional Daniel Arroyo sostuvo: “Esto es un retroceso para la democracia. Se permite embargar la cuenta a sueldo, que se utilicen fondos del ANSES de manera que beneficia al sector privado. Esto hay que debatirlo en el ámbito del congreso”.
José Ignacio de Mendiguren, en tanto, manifestó: “En el tema productivo este decreto impacta en forma directa en el nivel de actividad de la pequeña y mediana empresa”.
Por último, Marco Lavagna sostuvo: “Pedimos la nulidad del DNU 27 porque creemos que es un retroceso para la República, un retroceso del ejecutivo que abusa de la utilización de los decretos. Los cuestionamos durante el kirchnerismo y lo hacemos durante este Gobierno”
El DNU, que cuenta con 192 artículos divididos en 22 capítulos, deroga 19 leyes y modifica el texto de otras 140, repercute en ocho ministerios, la ANSES, el BCRA y otros organismos descentralizados, afecta normativas aplicadas para empresas que incumplen con la legislación laboral, reduce las multas de infracciones laborales a las empresas, y facilita los embargos comerciales de la cuenta sueldos de los trabajadores”.
A partir de este DNU, los Bancos podrán embargar la cuenta sueldo para cobrar préstamos, dejando atrás la Ley del Contrato de Trabajo de 2016 que establecía que los embargos sobre los salarios debían reclamarse al empleador para que hiciera las retenciones, es decir que los Bancos no podían aplicarlos directamente sobre las cuentas sueldo. A partir de ahora, el monto que se podrá embargar será el equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses. Por ejemplo, si un trabajador cobra un salario de $30.000, el embargo se aplicaría a partir de lo que exceda los $90.000.
También habilita que el fondo con que se financia el sistema previsional realice inversiones financieras, es decir que permite al Fondo de Garantías y Sustentabilidad del ANSES atribuciones para crear fideicomisos financieros y operar con instrumentos dentro del mercado financiero.
Con el objetivo de agilizar licitaciones de obras públicas, los llamados ya no tendrán que publicarse en los boletines de los distritos afectados, en tanto que se reducen de 10 a 5 días de anticipación para publicar licitaciones de hasta $100 millones, reduciendo la posibilidad de sumar oferentes.
