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Caso Maldonado: la fiscalía pide cambiar la carátula de desaparición forzada por "averiguación de muerte"
Nacional

 Lo planteó al juez Gustavo Lleral; denuncian que el primer relato del testigo E ante la CIDH fue inventado.

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24 diciembre, 2017 0

 casi cinco meses de iniciada la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado , la fiscalía federal de Esquel pidió ayer su recaratulación y que la muerte del joven continúe siendo investigada como "averiguación de muerte o muerte dudosa".

Ahora el juez Gustavo Lleral, que ayer abandonó los tribunales de Esquel y continuará instruyendo el expediente desde su juzgado en Rawson, adonde llevó los 27 cuerpos del expediente, deberá expedirse sobre la tipificación penal de la carátula por la muerte del joven tatuador.

La fiscal Silvina Ávila argumentó que tanto los resultados de la autopsia como los peritajes en vehículos, escuadrones y celulares de gendarmes arrojaron "datos objetivos y contundentes que indican la necesidad de orientar la investigación en el marco de una causa por muerte dudosa".

El "testigo E" declaró ante el juez Lleral

Agregó que "no se ha comprobado ni siquiera mínimamente ninguno de los elementos" que justifiquen una desaparición forzada de persona.

"Las carátulas de las causas tienen impacto mediático, pero no así judicial, ya que la tipificación propuesta representa sólo una hipótesis de investigación que puede cambiar a lo largo del proceso y que debe probarse o descartarse", explicó una calificada fuente judicial.

En el mismo escrito, Ávila pidió además la unificación de las cinco querellas (la familia Maldonado, el Cels, la APDH, la Comisión Provincial por la Memoria y la Comisión de Ex Detenidos y Desaparecidos) en una sola. Se sumó así a la argumentación de la Gendarmería.

Testimonial irregular

Todas las partes calificaron de irregular y nula la testimonial tomada anteayer por el juez Gustavo Lleral a Lucas Pilquiman, conocido como el "testigo E" y persona clave, ya que fue el último en ver con vida a Santiago Maldonado cuando ambos cruzaban el río Chubut.

Tanto la querella de la familia Maldonado como la fiscalía interpusieron recursos de nulidad, al argumentar que no fueron notificadas con la debida antelación como exige el Código Procesal Penal. Un malestar especial suscitó la medida en la fiscalía, que había pedido interrogar a Pilquiman el 29 de octubre pasado y no tuvo oportunidad de repreguntarle al testigo.

De forma electrónica, las partes se notificaron a las 23.09 del lunes, tan sólo 10 horas antes de realizarse la diligencia en un juzgado de paz en Epuyén, a 120 km de Esquel.


Caso Santiago Maldonado: el testimonio de Matías Santana

Las afirmaciones de Pilquiman ante el juez Lleral, respecto de que en ningún momento observó que Maldonado hubiera sido capturado por la Gendarmería, como le atribuyó la APDH, aunque sin identificarlo, en un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ratificaron la sospecha de los investigadores de que ese testimonio fue inventado.

"Obran en la causa pruebas irrefutables de que todo el relato que la APDH elaboró y atribuyó al testigo E fue dictado telefónicamente al abogado cordobés Carlos «Chuzo» González Quintana por Ariel Garzi, el amigo de Santiago Maldonado, y lo ratifica la propia declaración de Pilquiman cuando dice que sólo les comentó lo sucedido a sus padres y a nadie más", denunció otra calificada fuente judicial.

Garzi fue quien declaró bajo juramento que al día siguiente de la desaparición de Maldonado alguien respondió por 22 segundos una llamada en el celular chileno del joven, afirmación que quedó desacreditada cuando la telefónica chilena WOM aseguró que la comunicación nunca fue respondida ni llegó a destino.

Según pudo saber LA NACION de fuentes gubernamentales, la diputada Elisa Carrió analiza toda la causa Maldonado para denunciar no sólo a testigos por falso testimonio y a distintos actores por radicar denuncias falsas, sino también por urdir "un complot con fines electorales". En la mira de Carrió hay organismos y miembros de derechos humanos y legisladores.

Fuente: La Nación.

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