El día había sido un bajón. Ismael se había cruzado con su jefe, estaba todo mal con su chica, andaba escaso de guita: casi todo lo que tenía se lo había gastado en esos cincuenta gramos de porro, un Colber Pinito que le habían entregado en dos paquetes de 25. Salió a las puteadas de la oficina, en Córdoba y Acevedo, y sin pensar prendió un faso en plena calle. Hizo cinco pasos y sintió el manotazo de un grandote de civil y el aliento de otros tres monos que se bajaban de un Fiat Duna blanco. Todo mal. Testigos, patrulleros, la taquería de Palermo, nueve horas en un calabozo y una causa federal. Indagatoria. Abogado. Y la orden del juez: tratamiento compulsivo. Visita de una asistente social cada mes hasta demostrar que ya ni se huele el dulce perfume de la marihuana. Deambular por cuatro clínicas, pagar, y volver a presentarse en el juzgado.

Dos años después de ese mal día, Ismael sigue con una causa abierta por tenencia para consumo y es, en cada rubro, el perfecto ejemplo del preso por la ley de drogas. Una investigación de la asociación Intercambios y la UBA sobre la aplicación de la ley durante los últimos veinte años demuestra que más del 70% de las causas iniciadas han sido para perseguir a consumidores casi siempre jóvenes, varones, con trabajo, de clase media, desarmados, sin antecedentes penales y que llevaban encima menos de cinco gramos de cocaína o marihuana.

DIME A QUIÉN PERSIGUES. El estudio fue dirigido por el abogado Alejandro Corda y el sociólogo Pablo Frisch, de Intercambios e investigadores de la Universidad de Buenos Aires. En él cruzaron los datos que de manera dispersa descansaban en los archivos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), del Ministerio de Justicia de la Nación; la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación; el sistema informático del Fuero Federal Penal de la ciudad de Buenos Aires, y el de la Procuración General bonaerense.

El análisis de las estadísticas demostró que sólo una de cada diez causas iniciadas por infracción a la ley 23.737 es por tráfico. Dos de cada diez son por tenencia simple. Siete de cada diez, jóvenes como Ismael, sorprendidos por un policía en la calle. Puestos a explicar qué encierran estas cifras, los académicos aseguran: “La persecución de consumidores y pequeños traficantes parecería propiciar condiciones adecuadas para la liberalización de delitos tales como el lavado de dinero, el ingreso de precursores químicos, la comercialización de medicamentos sin prescripción y otros tantos delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes que, sin embargo, no son perseguidos ni reprimidos”.

A Fernando se le hacía tarde. Era su día franco y se iban con una amiga a una peña folclórica. También vivía en Palermo. Tenía 22 años. Salieron a la calle con un fasito en la mano y otro en el bolsillo. “Cruzamos un estacionamiento de autos y no nos percatamos de que uno de esos chalecos naranja era cana. ‘Momento, deténganse’, escuchamos. Miramos hacia atrás y un policía corría hacia nosotros cual puma persigue a su presa”, se ríe ahora Fernando, estudiante de teatro y mozo de un restaurante en el mismo barrio. Al toque se vino el clásico: “Flaco, contra la pared”, y la revisión entera, incluido el paquete de puchos donde llevaba el porro restante. Lo esposaron y lo llevaron a la comisaría. Lo metieron a un calabozo desde donde escuchó la ira del comisario.

“¡Usted es un pelotudo! ¡Un porro!”, bramó. Le siguió un proceso por tenencia en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. Tocar el pianito. Firmar declaración. Nueve horas encerrado. Y la absolución de la Justicia, toda una tendencia durante los últimos seis años.

ADICTOS AL TRABAJO. Del estudio surgen dos tendencias marcadas a la hora de aplicar la ley de drogas. El 75% de las causas o terminan en sobreseimientos –40,6%– o son desestimadas o archivadas –26,9 por ciento–. Apenas el 0,7% terminaron en condenas. En trámite está casi el 30% y un 3,4% se resolvió con probation o tratamientos compulsivos. Al mismo tiempo, la policía “trabaja” cada vez más: en siete años subió en un 75% la cantidad de causas iniciadas –de más de 14 mil en el año 99 a más de 26 mil en 2006–. Para completar el panorama, la Justicia se comporta de otra manera: la mayoría de los juzgados de la Capital y buena parte de los de provincia de Buenos Aires pasaron a tener un criterio desincriminador del consumo de drogas durante los últimos cinco años. Graciela Touzé, directora de la Asociación Intercambios, lo llama “las tensiones existentes entre el accionar de las fuerzas policiales y la de la Justicia”.

“Las fuerzas policiales continúan tomando al pie de la letra la ley actual y en la Justicia, con contradicciones internas, tratan de paliar los procesos de estigmatización que estos procedimientos producen”, dice Touzé.

Para la investigadora, uno de los datos relevantes del estudio es que el perfil de los usuarios de drogas detenidos por un porro o un papel de merca no es de los más pobres y vulnerables sino el de jóvenes de clase media, en un 70% con trabajo estable y casa o departamento. Esa predilección de la policía tiene su correlato en la casa de la Fundación Ailín, donde se atienden unos ochenta jóvenes, en el corazón de Vicente López. El director de la ONG, Carlos Souza, cuenta que “muchos de los chicos que están en tratamiento han sido detenidos por posesión de sustancias. En todos los casos, ninguno ha llegado a una instancia de detención prolongada, o una causa penal, porque si bien aún no hay definición de la Corte, los jueces están teniendo una actitud bastante tolerante y buscando salidas que no estigmaticen al adicto”.

LA MARCA. Lo cierto es que los juzgados en el país deciden diferente en cada caso. La Corte tiene escrito un fallo que no ha hecho público por el impacto que podía producir antes de las últimas elecciones y ahora porque habría una contradicción entre dos criterios de despenalización del consumo: el que considera que prohibirlo es inconstitucional, y el del “bien tutelado”, la salud pública. Esa dicotomía también se da en las salas de las Cámara Federal porteña y en las salas de Casación Penal bonaerenses.

Al mismo tiempo, en otros sitios se siguen rigiendo por la visión penalizadora: en Comodoro Rivadavia, Rosario, La Plata, Tucumán y Resistencia las cámaras han revocado fallos absolutorios con el viejo criterio. Corda, el investigador, además de académico es el secretario del Juzgado Federal de Canicoba Corral, en Comodoro Py. A él lo llaman desde las comisarías cuando enganchan a un Ismael o a un Fernando. Casi nunca tiene tiempo de frenar el armado de una causa que ya está en trámite, con el consumidor de drogas en él.

“¿Si le queda la marca al pibe? De alguna forma sí, porque los antecedentes policiales no se borran. Saltan cuando piden un certificado para conseguir un laburo o cuando tienen que tramitar el pasaporte. Se comunicó al juzgado y no lo ingresaron en la base de datos, o tarda mucho tiempo. Cuesta que deje de ser señalado como un delincuente”.

Fuente: Diario Crítica de la Argentina