El distrito denunció manipulaciones con el listado de los beneficiarios del plan y dificultades con los envíos de fondos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social hubo una respuesta favorable y las relaciones se habrían encauzado. A la controversia con dicho programa se suman los reclamos de organizaciones sociales y los cruces verbales entre D’Elía y Alicia Kirchner.
Aunque parece tema cerrado, la denuncia de Morón relacionada con la implementación del programa Argentina Trabaja abrió un nuevo capítulo en la polémica que ya habían desatado diversas organizaciones sociales. El intendente de Morón, Lucas Ghi, suspendió a fines de enero su aplicación hasta la normalización del padrón y los pagos por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
En el diario Crítica de la Argentina el secretario de Gobierno, Diego Spina, mencionó que “en tiempo y forma se envió el listado de 900 personas para ser incorporadas al plan”, y añadió, “a tres meses de la preselección, hay 253 personas que no aparecen en la nómina y nadie nos dice dónde están. Y se incluyeron otras 200 personas que no pasaron por el filtro de la Agencia de Empleo del municipio”, quienes, se supo, no formaban parte de ninguna cooperativa y ni tenían tareas asignadas.
Pero no fue el único problema relatado. “El gobierno nacional debía girar un millón de pesos en diciembre para contratar los seguros de las cooperativas y comprar los insumos, pero no se depositó ni un peso”. A su vez, cabe destacar que a los trabajadores de los nuevos emprendimientos les pagaron sólo 600 pesos, la mitad del salario mensual que debían percibir.
Por su parte, Rubén Murphy, del ministerio conducido por Alicia Kirchner, le dijo al mismo medio que “el tema está resuelto (…), estoy tratando de hablar con los funcionarios del municipio y no me atienden el celular”. En la Comuna, por estos días prefieren bajar los decibeles y confían en que se cumpla con el compromiso de reincorporar a los 253 beneficiarios afectados.
Según ilustró El Diario, cuando Martín Sabbatella todavía estaba al frente del Ejecutivo decidió que la Oficina de Empleo designara a los beneficiarios que conformarían las 15 cooperativas de trabajo de acuerdo a criterios de vulnerabilidad social. Se los dividió en partes iguales a hombres y mujeres, y se priorizó a las personas de hasta 30 años y más de 50; también fueron considerados aquellas mujeres en situación de violencia doméstica, pacientes externados de neuropsiquiátricos y jóvenes con libertad asistida.
Y la desinteligencia con el Ministerio fue atribuida a un “error administrativo” motorizado por las terceras y cuartas líneas. Como contrapartida, la hermana del ex presidente bajó dinero a la Municipalidad.
LAS VOCES DE LA DISCORDIA
El plan de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja fue lanzado por la Presidenta el 14 de agosto. Involucra una inversión de 1.500 millones de pesos para la ocupación de 100.000 personas organizadas en cooperativas administradas por los municipios.
El Gobierno debe girar los salarios mensuales de 1.300 pesos y fondos para los insumos para los trabajos de pequeñas obras públicas y para el pago de los seguros de los trabajadores. Desde un comienzo hubo conflicto con el control del ingreso de beneficiarios, expresado con movilizaciones de organizaciones sociales.
Esta semana se sumaron dos declaraciones que hicieron subir aún más el termómetro. En principio, en su columna en Radio Cooperativa el dirigente Luis D’Elía advirtió que si el Gobierno no respondía a los pedidos de ayuda social, el próximo mes sacará “80.000 tipos a la calle a reclamar”.
D’ Elía reveló que en su organización Federación de Tierras y Viviendas (FTV) están “asfixiados” porque “se cayeron 456.000 programas de empleo comunitario”, y se quejó por no poder acceder al Plan Argentina Trabaja.
Por último, la ministra Alicia Kirchner rompió el silencio y se defendió de las denuncias por clientelismo político en el reparto de los planes sociales que administra su cartera. “No sean cautivos de nadie, en este programa no hay intermediarios; no busquen al puntero de turno, ni al referente político ni al de una organización. No le deben nada a nadie”, dijo en declaraciones a Canal 7.
Asimismo, un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto que exige explicaciones acerca del modo en que se están ejecutando los fondos, los parámetros con los que se elige (o se aparta) a sus beneficiarios y la forma en que se controla el uso de los recursos por parte de los intendentes del conurbano bonaerense.