El presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, lanzó un duro mensaje contra la Justicia Federal al sostener que hay «causas armadas artificialmente», así como episodios de «abuso de arrepentidos» y «fallos mediáticos». El magistrado advirtió que estas prácticas empezaron a replicarse también en la provincia de Buenos Aires. Las expresiones del titular de la Corte bonaerense trascendieron ayer jueves 11 de julio pero en realidad De Lázzari las pronunció la semana pasada cuando participó de un panel de la Red de Jueces Penales de la Provincia en Campana. En ese encuentro De Lázzari advirtió que hay «un dato que empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la Provincia».

Con respecto a la cuestión, el juez precisó: «Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante». El magistrado, que asumió en abril de 2019  la presidencia de la Corte, también apuntó contra la relación entre la Justicia y el mundo de la política. «El Poder Judicial debe tener el rol de poder del estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde poderes políticos», señaló.

En ese contexto, De Lázzari consideró que la «única herramienta para combatir todo eso es el derecho» que debe ejercerse «con firmeza, con valentía, con independencia». Si bien no nombró a ningún caso en particular, sus dichos podrían ser una referencia a las investigaciones que se llevan adelante en los tribunales de Comodoro Py contra ex funcionarios del kirchnerismo o a la que tramita el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, contra integrantes de la actual gestión, expedientes que pusieron en tela de juicio el accionar de los empleados del Ministerio Público Fiscal.