Con los votos atados tras negociar con sectores de la oposición, La Libertad Avanza convocó a una sesión para el próximo jueves con el objetivo de tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que, entre otros puntos, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, el dato político que empieza a alterar el tablero no proviene de los bloques aliados, sino del peronismo: en el massismo evalúan acompañar el proyecto porque coincide con “la posición histórica que tuvo el Frente Renovador”.

El antecedente inmediato es el debate del año pasado, cuando el texto oficialista se discutió en comisión. En aquella oportunidad, el peronismo presentó un dictamen de minoría con un régimen propio que no modificaba la edad de imputabilidad, manteniéndola en 16 años. Para blindar la postura interna, las autoridades del bloque incluso decidieron reemplazar a los massistas Ramiro Gutiérrez, Mónica Litza y Marcela Passo, con el objetivo de que el peronismo firmara sin fisuras en contra de la propuesta impulsada por La Libertad Avanza.

Aun así, tanto entonces como ahora, el Frente Renovador sostenía una postura distinta: respaldar la baja de la edad a los 14 años, una idea que ya había quedado plasmada en el proyecto de Código Penal que Sergio Massa promovió en 2015.

De acuerdo a lo reconstruido, este jueves por la tarde, en una reunión realizada en las oficinas de Avenida del Libertador 850, Massa cerró un entendimiento con sus principales referentes en la Cámara de Diputados para que el Frente Renovador acompañe el proyecto de Javier Milei.

Massa aseguró que no importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición. También aclaró que el texto tiene defectos y le faltan políticas de reinserción y recuperación, pero esas críticas se van a plantear en el recinto, relató uno de los asistentes al encuentro.

Desde el massismo, además, marcaron que el texto oficialista tiene falencias estructurales. Ante la consulta, uno de los referentes del espacio en Diputados detalló que a la iniciativa le faltan órganos de aplicación, así como figuras específicas como el Fiscal del Joven, el Defensor del Joven, el Juez de Garantías del Joven y el Juez de Responsabilidad. “Tampoco tiene una cláusula transitoria de implementación con un plan maestro de infraestructura específica (centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos, casas de mitad de camino)”, sintetizaron.

También hubo cuestionamientos al apartado presupuestario que incorporó el oficialismo, que habilita a las provincias a firmar convenios con la Nación para cubrir las diferencias de gastos que implique implementar el nuevo régimen. En el massismo consideraron que “es mejor que nada, pero la previsión debería ser legal, no depender de la voluntad de hacer convenios entre partes”.

En paralelo, el peronismo prevé iniciar desde este viernes una serie de reuniones para ordenar una postura común y sumar al debate a los diputados que asumieron tras el recambio de diciembre. Dentro del massismo creen que legisladores de otros sectores internos podrían terminar acompañando el proyecto. “Es un voto que escapa a lo partidario, es un poco como el aborto, es un voto ideológico. Pero todavía no se habló en el bloque”, explicaron.

Del lado libertario, en tanto, adelantaron que, aunque el proyecto original contemplaba bajar la edad de imputabilidad a 13 años, se respetará el consenso que se había alcanzado el año pasado en torno a los 14. Ese punto, aseguran, les permitiría sostener el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

“Creemos que puede haber votos del peronismo pero ni locos los tenemos en cuenta, porque si estamos con los votos muy justos, y el peronismo huele sangre, se pueden dar vuelta para hacer caer el proyecto”, admitió una fuente al tanto de las negociaciones con la oposición.

Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil

El texto establece los 14 años como piso de punibilidad y fija una condena máxima de 15 años, únicamente para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de la libertad quedaría definida como último recurso, priorizando sanciones alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a víctimas y medidas de reparación.

El proyecto también pone el foco en la creación de institutos especiales para menores condenados, con garantías de educación, atención médica y tratamiento en casos de adicciones. El personal de esos centros debería estar especializado en infancia y adolescencia, y se prohíbe de manera tajante cualquier convivencia con detenidos adultos.

Entre las penas alternativas previstas figuran la amonestación, la prohibición de acercamiento, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricciones para concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. El reemplazo de la prisión por medidas alternativas se habilita en delitos con penas de hasta 3 años, o de hasta 10 años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y luego de escuchar a la víctima. Además, se contempla la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Por último, se incorporan medidas complementarias como programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y la prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. Su cumplimiento quedaría bajo control de un supervisor especializado designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el texto prevé intervenciones específicas ante situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y contextos familiares violentos. En caso de requerirse una internación, se establece la obligación de notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.