Pese a la intensa actividad que desplegó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en los últimos días, el oficialismo sigue sin lograr ordenar una estrategia legislativa concreta en el Congreso. Ni las conferencias de prensa, ni las reuniones con distintos ministros, ni el respaldo explícito de Javier Milei alcanzaron para delinear un rumbo claro en materia parlamentaria.

El punto más visible de esa falta de definiciones quedó expuesto en la conferencia brindada este miércoles, donde lejos de aportar certezas, Adorni dejó más dudas que precisiones. El anuncio del envío de un paquete de leyes fue presentado como el eje central, aunque sin detalles concretos sobre su contenido ni su tratamiento.

En paralelo, el jefe de Gabinete mantuvo este jueves encuentros con la senadora Patricia Bullrich y con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mientras que el día anterior había hecho lo propio con Federico Sturzenegger. En esas reuniones se abordaron tanto cuestiones de gestión como el futuro de la agenda legislativa. “Junto a Patricia Bullrich, con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin”, publicó el funcionario.

Aun así, dentro de la Casa Rosada reconocen que todavía no hay definiciones básicas: no está claro en qué Cámara comenzarán a tratarse los proyectos ni cuál será el orden de prioridad de las iniciativas. Esta indefinición resulta llamativa, sobre todo porque los anuncios se realizaron hace más de una semana, tras una reunión de la Mesa Política, y fueron difundidos a través de redes sociales. “Todavía no hay nada cerrado”, admitió una fuente oficialista con participación en las negociaciones.

Entre las pocas certezas aparece la intención de avanzar con la readecuación de la Ley de Glaciares, que podría llegar al recinto en la primera semana de abril, una vez finalizadas las audiencias en curso. El oficialismo apunta al 8 de abril como fecha tentativa. También está marcada en el calendario la presentación de Adorni en la Cámara de Diputados el 29 de abril, cuando deberá brindar su informe de gestión, siempre y cuando continúe en su cargo para entonces.

Más allá de esos hitos puntuales, el panorama general sigue siendo difuso. Varios de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo ni siquiera cuentan con una redacción final o no han sido formalmente presentados.

Un caso emblemático es el del nuevo Código Penal. Aunque fue anunciado a fines del año pasado e incluso incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias, su envío se fue postergando y aún no tiene fecha definida.

Actualmente, la elaboración del texto quedó en manos de Mahiques, luego de que se dejara de lado la versión previa impulsada por Bullrich junto al equipo de Santiago Caputo, que contemplaba 912 artículos.

Por instrucción de Karina Milei, el ministro de Justicia tomó intervención directa en la redacción. Además, trabaja en un endurecimiento de penas que abarcará delitos como los migratorios, las estafas piramidales, los ataques conocidos como “viuda negra”, las salideras y entraderas, el accionar de motochorros, el maltrato animal, el uso de armas en cárceles y las picadas ilegales, entre otros. También se incluyen figuras vinculadas al incumplimiento de deberes alimentarios, los cuidacoches, el grooming y el abuso sexual infantil, con foco en reforzar la centralidad de las víctimas.

Desde el entorno de Mahiques aseguran que estos delitos se agruparán en un único proyecto, mientras que el nuevo Código Penal avanzará por separado. Sin embargo, no hay definiciones sobre cuándo será presentado ni en qué Cámara comenzará su tratamiento.

En medio de este escenario, el Gobierno volvió a poner en agenda la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por Sturzenegger, que propone eliminar un conjunto de normas consideradas obsoletas, aunque sin impacto directo en la vida cotidiana. El proyecto ingresó este jueves.

A su vez, el Ejecutivo planea enviar iniciativas para modificar la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Fuegos y la Ley de Desalojo. También prevé cambios en la Ley de Emergencia de Discapacidad y en la Ley de Educación Superior, en un paquete que todavía carece de cronograma definido.