Son innumerables las medidas económicas, políticas e institucionales que significan un retroceso para la mayoría de nuestro país. Devaluación, quita de retenciones a los agroexportadores, el reimpulso del endeudamiento externo, miles de empleados estatales despedidos, son sólo los destellos más importantes de una política económica que redunda en una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares hacia los grandes empresarios. Abrazos con el vicepresidente de EE.UU. y halagos hacia el premier inglés mientras transforman a nuestro país en la punta de lanza de la región contra el gobierno de Venezuela, la puesta en escena del combate contra el narcotráfico –y su contracara, la emergencia en seguridad expresada en un aumento cualitativo del despliegue policial en los barrios pobres–, la catarata de DNU usurpando las atribuciones legislativas del Congreso, la criminalización de la protesta social, son todas manifestaciones de un gobierno que –haciendo a un lado su excelente estrategia comunicacional– expresa el ascenso de una derecha decidida a ejercer el gobierno sin ceder un ápice en sus pilares políticos e ideológicos.

La particular situación de las políticas de memoria, verdad y justicia no es ajena a este cuadro. Si este gobierno no detiene los procesos judiciales en curso por los delitos de lesa humanidad no es porque no quiera, es en realidad, porque no está entre sus atribuciones hacerlo. Sin embargo, el despido de trabajadores que se desempeñaban en áreas del Poder Ejecutivo destinadas a la protección de los testigos de los juicios y a realizar investigaciones sobre las estructuras represivas de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, pone en evidencia la deliberada vocación del presidente Macri de quitarles a los juicios la asistencia que les brindaban distintas áreas y programas del Poder Ejecutivo, para finalmente dejarlos agonizar.

Así las cosas, la mera puesta en duda del número de detenidos-desaparecidos por un funcionario macrista, deja ser una bravuconada aislada para constituirse en una verdadera traición del inconsciente gubernamental.

Hace varios años que por distintas razones los organismos de DD.HH. y las organizaciones populares que reivindicamos la lucha de los 30.000 no marchamos juntos cada 24 de marzo. ¿Es correcto seguir haciéndolo como si nada pasara en la Argentina? ¿Alguien en su sano juicio creería que a este gobierno le da exactamente igual que la movilización más importante de la Argentina nos encuentre divididos? Cada organización tiene derecho a mantener sus banderas en alto, a plantear sus propias consignas, a defender con orgullo su identidad, sus ideales y sus opciones políticas; pero este 24 de marzo realizar dos, tres o diez marchas separadas únicamente provocaría la alegría de este gobierno –y por qué no la risa ante el ridículo–.

La triste realidad que vive nuestro país pero también los miles de manifestaciones espontáneas de amplios sectores de nuestro pueblo denunciando las políticas de Macri nos reclaman mayor madurez política. No es sólo una necesidad, es un deber de la militancia, honrar la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras y la lucha de Madres y Abuelas de plaza de mayo en una convocatoria conjunta.

Estamos convencidos que la hora actual demanda hacer a un lado las diferencias que nos separaron en el pasado reciente y unir fuerzas para volver a fundirnos en un único grito:

¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos!