Los gobernadores y representantes del Gobierno nacional volvieron a encontrarse este martes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de acordar el destino de los fondos vinculados a la coparticipación. La reunión terminó sin avances concretos y alimentó el enojo de los mandatarios provinciales, que ratificaron su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley propio.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda, presentó una propuesta ante los ministros provinciales. Según explicaron en el Ministerio de Economía, el funcionario planteó que Nación conservaría el equilibrio financiero si las provincias asumían ciertas obligaciones. “La posibilidad de transferir recursos y gastos a las provincias” fue uno de los puntos que expuso Guberman, quien sostuvo que una ampliación de los giros forzaría a la administración central a entrar en déficit.

En ese marco, el Gobierno ofreció entregar las obras viales junto con su financiamiento, pero aclaró que los distritos deberían encargarse de la ejecución. Respecto a los Aportes del Tesoro Nacional, el secretario indicó que Nación estaba dispuesta a consensuar un tope de distribución en función de los coeficientes de coparticipación.

El Ejecutivo también manifestó la voluntad de avanzar en reformas que modificaran los esquemas de asignaciones específicas. Entre ellas se encuentran las normas que fijan pisos de gasto. Según Guberman, las mesas de diálogo que se habilitaron con las provincias y la Ciudad permitirían discutir este tipo de transformaciones.

Durante la discusión, Guberman defendió la postura oficial. “Estamos convencidos de que la única forma de estabilizar la macro es el equilibrio fiscal. Este redunda en beneficios para las provincias como la baja de la inflación del 25 al 1,5%”, afirmó. Al mismo tiempo, advirtió que “con el proyecto de las provincias pasaríamos de estar balanceados a estar en déficit”.

Los gobernadores consideraron que la propuesta carecía de volumen y reiteraron que seguirían adelante con la iniciativa legislativa que ya anunciaron. Voceros cercanos a las provincias describieron el malestar: “Nación sólo ofrece coparticipar la parte que va a obras viales del impuesto a los combustibles líquidos. Esto es muy poca guita, unos $300 millones”. Según las mismas fuentes, “los gobernadores están mu calientes y van a mandar el proyecto de ley”.

La semana pasada, los mandatarios resolvieron unificar posiciones tras la cumbre con Guberman y Lisandro Catalán, secretario de Interior. En ese encuentro acordaron un documento que reclamó un cambio de criterio en el uso de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. “Los abajo firmantes proponemos un Proyecto de Ley mediante el cual se decide la eliminación de todas los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”, señala el texto que suscribieron los gobernadores.

Los fondos fiduciarios que forman parte de esta disputa son el de Infraestructura Hídrica, que recibe el 4,31% de la recaudación; el de Infraestructura del Transporte, que percibe el 25,58% y destina la mitad a Vialidad Nacional para obras en rutas; y la partida de Compensación al Transporte Público, que toma otro 2,55%. Durante 2024, el Ministerio de Economía giró a Vialidad apenas un tercio de los recursos previstos en el presupuesto. Por este motivo, los mandatarios insistieron en que Nación entregue de manera directa los fondos a cada provincia para que ellas se ocupen de la realización de los proyectos.