El Senado aprobó la continuidad del camarista laboral Víctor Pesino, quien había respaldado la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La decisión reavivó cuestionamientos desde sectores sindicales y de la oposición, que denuncian un «premio» por sus fallos.
El Gobierno de Javier Milei logró la ratificación del juez Víctor Pesino para que continúe integrando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por un nuevo período de cinco años, una decisión que generó una fuerte polémica debido a que el magistrado fue uno de los integrantes del tribunal que validó la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
La continuidad de Pesino fue aprobada por el Senado luego de obtener 35 votos afirmativos contra 32 negativos. El camarista había alcanzado el límite de edad previsto para permanecer en el cargo, por lo que necesitaba un nuevo acuerdo de la Cámara alta para extender su mandato.
La ratificación se produjo semanas después de que Pesino integrara la sala que dejó firme la aplicación de la reforma laboral promovida por el Gobierno de Milei, una decisión que fue celebrada por el oficialismo y rechazada por sindicatos y sectores de la oposición.
Desde distintos espacios gremiales sostienen que la renovación del magistrado constituye un «premio» por haber acompañado un fallo favorable a la política laboral del Ejecutivo. En ese sentido, Página/12 señaló que la decisión representa una devolución política luego de la resolución judicial que benefició al Gobierno.
Pesino también había quedado en el centro de la escena por intervenir la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), otra resolución que despertó cuestionamientos dentro del movimiento sindical.
La reforma laboral impulsada por el oficialismo introdujo modificaciones en distintos aspectos de las relaciones de trabajo y continúa siendo objeto de fuertes debates políticos y judiciales. Mientras el Gobierno sostiene que las medidas buscan generar empleo y modernizar el mercado laboral, sindicatos y sectores opositores consideran que implican un retroceso en los derechos de los trabajadores.
