"Hay un derecho a huelga pero también hay un derecho a la educación de los chicos”, remarcó la mandataria en declaraciones a la prensa, y aseguró que utilizará “todas las herramientas que tengamos disponibles para que haya clases. Todas, todas las legales disponibles, incluyendo el diálogo".

Desde los gremios docentes interpretaron los dichos de Vidal como una amenaza para el sector, y si bien desde el gobierno eligieron a Roberto Baradel, titular de SUTEBA para centrar sus críticas, desde todo el arco gremial docente se manifestaron en contra de la propuesta y rechazaron la posibilidad de descontar los días a quienes "ejerzan el derecho a huelga".

La discusión está trabada en torno a que criterio se debe utilizar para la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores docentes el año pasado, porque mientras los sindicatos reclaman una recomposición de entre 8 y 10 puntos para luego negociar el aumento de 2017, en el gobierno pretenden hacer borrón y cuenta nueva ignorando esa situación.

El endurecimiento de la posición del gobierno, sumado a la falta de una nueva convocatoria a mesas técnicas y a la aparición pública de Vidal para explicar la posición de su gobierno hacia los maestros, aumentó los rumores de un cierre unilateral de la negociación, una facultad del Ejecutivo que tiene el riesgo de un alto costo político.

La estrategia del oficialismo es instalar la idea de que el resto de los estatales ya cerró un acuerdo del 18% idéntico al que se está ofreciendo a los maestros, por lo que cualquier medida de fuerza tendría carácter estrictamente político y no respondería a una necesidad real de los docentes.

Por eso apuntan a Baradel, una figura con ascendente entre los afiliados del SUTEBA, pero con mala imagen en la sociedad bonaerense, porque viene siendo atacado por los sucesivos gobiernos de “mantener de rehenes” a los alumnos.

Si con esto Vidal logra reducir el costo político de un cierre de paritaria por decreto, esa será la medida para garantizar el inicio de clases el 6 de marzo.