Es parte del paquete de leyes del Presupuesto 2016 que se debatirá el próximo martes. Vidal deberá superar este primer test en busca de gobernabilidad. La falta de sanción determinaría un quiebre en las políticas de consenso que definen en la Gobernación.

 

En esa búsqueda, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, se reunió ayer con los bloques del Partido Justicialista y el Frente Para la Victoria para “un desglose pormenorizado” del endeudamiento que tiene una previsión cuatro veces mayor que 2015. “No vamos a firmar un cheque en blanco”, había mencionado la senadora Magdalena Sierra (FpV) antes del encuentro.

 

Ese trámite parlamentario requiere de la aprobación con los dos tercios de ambas cámaras. No obstante, el acuerdo preliminar de Cambiemos y el Frente Renovador, de Sergio Massa, el oficialismo no reúne el número suficiente de bancas. Por eso, la necesidad de Vidal de acercar algunas posiciones con el kirchnerismo, todavía activo, y los nuevos reacomodamientos del peronismo.

 

“Nunca hemos votado un endeudamiento de estas características”, anticipaba el presidente del bloque PJ del Senado, Daniel Barrera. En 2015 fueron 21.000 millones de pesos. Pero, la deuda flotante que tenía Daniel Scioli era muy superior. Un ejemplo: en estos días hubo un vencimiento de 22.000 millones de pesos (de un total de 28.900 millones) con el Banco Provincia.

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini, del Frente Renovador de Sergio Massa, explicó a Clarín “la buena predisposición de las diferentes bancadas para trasparentar los detalles sobre la utilización de esos recursos”.

 

Los representantes de bloques sugieren que, incluso, el monto aprobado podría ser menor al propuesto por el Ejecutivo provincial. “Atendimos a todas las preguntas y explicamos que es para atender las amortizaciones de deuda”, declaró Lacunza en el parlamento.

 

El ministro utiliza el diagnóstico de “estress financiero”. Vidal habla de “provincia quebrada”. Los dos definen lo mismo: 20.000 millones de déficit fiscal, aún con un fuerte ajuste de obras. Todo con alta presión tributaria. Precisamente, con el Presupuesto se trata también la Ley Fiscal. No habría aumentos de las alícuotas en los impuestos. La variación será por inflación. En el Inmobiliario la previsión de incrementos llega hasta el 25%, según la escala de valuación del inmueble.

 

En el caso del Inmobiliario Rural, las entidades representativas del sector adelantaron al ministro de Asuntos Agrarios, Leonardo Sarquis, que no habría oposición a ese esquema “siempre y cuando no se toquen las valuaciones fiscales de los campos”.