Hay pocas dudas o desacuerdos sobre el hecho de que la Ley de Alquileres, sancionada en junio del año pasado, provocó un profundo daño al mercado de rentas. Cualquiera que esté buscando alquilar lo experimenta en carne propia: menor oferta y mayores precios. En lo que va del año, el precio promedio de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires trepó un 31,6%, por encima de una inflación que fue del 25,3%. Si se observan los últimos doce meses, los avisos de alquiler acumulan un incremento del 64,4%, casi 13 puntos por encima de la inflación, según reflejan los números de Zonaprop.

Los aumentos históricos tienen que ver con una norma que puso duras condiciones a los propietarios, y por lo tanto provocó la salida masiva de viviendas puestas en alquiler. El objetivo de origen era brindar protección al inquilino, introduciendo una serie de regulaciones que lo favorecen frente al propietario. Dentro de sus puntos claves, los contratos de locación pasaron a tener una duración mínima de dos a tres años, y sólo se puede realizar un aumento anual, de acuerdo al índice que establece el Banco Central (BCRA). Además es obligatorio registrar los contratos de alquiler en la AFIP.

Entre una normativa muy desfavorable para los dueños y los niveles de rentabilidad más bajos de la historia, decenas de miles de propietarios decidieron retirar sus inmuebles en oferta o ponerlos a la venta. Hace un año, de cada 100 inmuebles publicados, 80 estaban en venta y 20 en alquiler. Ahora, 93 son para venta y sólo siete para alquiler. La cantidad se redujo a menos de la mitad de lo que había en 2020 para alquilar. Con todas las nuevas propiedades en el mercado de venta, los valores obviamente cayeron: una baja de 8,3%, solamente en el último año.

La ley, que entró en vigencia el 1ro de julio del 2020, se aprobó con 191 votos afirmativos, 0 negativos y 24 abstenciones en la Cámara de Diputados. Ni un solo diputado se opuso. Con sus previsibles efectos ya en plena marcha, y ante la evidencia de un mercado duramente golpeado, durante los últimos meses aparecen esporádicamente intentos de derogación o modificación, pero lo cierto es que “el tema alquileres” es un fierro caliente que pocos tienen ganas de tomar, un grave error de cálculo con responsabilidad compartida.

La última en pronunciarse al respecto fue María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia y ahora precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Pablo Rossi, en LN+, Vidal aseguró: “La ley fue un error que no ayudó ni al inquilino ni al propietario. Todo lo que pretendía mejorar, con buenas intenciones, volvió para atrás”. Además, añadió que el Gobierno actual agravó el problema con los sucesivos congelamientos a los aumentos, realizados por decreto en el marco de la pandemia. “El Gobierno nos mintió. Nos dijo que durante todo el año pasado no se pagarían aumentos. Mentira. Ya tuvimos un 70% de aumento en los primeros tres meses”, manifestó.

Según la precandidata, los más golpeados por la Ley de Alquileres son los jóvenes, que cuando no viven con sus padres casi invariablemente alquilan. “Antes les representaba un tercio de su salario, hoy les representa más del 40%. Y sabemos que el salario corre atrás de la inflación. Los jóvenes perdieron por todos lados”.

Sobre los pasos a seguir, Vidal fue contundente: “Hay que derogar esa ley. Yo voy a impulsar que se derogue, porque hoy están perdiendo todos. Si sobre el sistema anterior se pueden hacer mejoras, discutámoslas con los inquilinos y los propietarios, no creamos que sabemos más que ellos. Nosotros somos representantes de la gente. Si no los escuchamos, ¿cómo vamos a legislar bien?”, se preguntó. “La política se tiene que hacer cargo cuando comete un error”. Tal vez un poco más sutil que José Luis Espert, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quien la semana pasada, en diálogo con Radio La Red, había hablado sobre la necesidad de derogar la norma, ya que “ha destrozado el mercado y les ha cagado la vida a los inquilinos, a los dueños de propiedades y a las inmobiliarias también”.

Lo cierto es que ya hay presentados diversos proyectos de ley en Diputados. Todos son de legisladores opositores al oficialismo, y proponen desde derogación total hasta modificaciones puntuales a los dos elementos considerados indispensables: el cambio del plazo mínimo de tres a dos años, y la eliminación del índice de aumentos del Banco Central, además de la imposibilidad de aumentar más de una vez por año. El miedo de los propietarios a no poder cobrar una renta que sea suficiente para ganarle a la inflación es lo que lleva a muchos a cubrirse de antemano y publicar valores excesivamente altos o directamente retirarlos de la oferta. Pero por el momento, ninguno de los proyectos ha avanzado.

La falta de decisión con la que se avanza para deshacer los efectos de una norma que desconoció nociones básicas de lógica económica es notoria cuando se la compara con el entusiasmo multipartidario que en su momento hubo para plegarse a un proyecto que anunció con bombos y platillos “cuidar al inquilino”, pero que perjudicó a todos los actores del mercado. Con la campaña electoral ya en marcha, seguramente el apremio de millones de argentinos sea presión suficiente para, por lo menos, poner el tema en agenda. Las reflexiones de Vidal, una de las precandidatas con mayor visibilidad, es un paso en esa dirección.

Fuente: La Nación