A dos días de las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump —a quien distintos referentes definieron como “emperador” o “dictador”— en las que confirmó que la intervención en Venezuela tendría como objetivo el control de sus recursos petroleros, en la Zona Norte del conurbano bonaerense se multiplicaron las expresiones de repudio. Las críticas apuntaron tanto a la invasión militar como a la detención del presidente Nicolás Maduro, y alertaron sobre un peligroso antecedente para la región.

Entre las primeras reacciones se destacó la del diputado nacional Sebastián Galmarini, quien fijó una postura contundente contra cualquier forma de intervención armada. “Nunca una intervención militar puede traer paz, prosperidad ni democracia sustentable”, afirmó, y remarcó que toda invasión debe ser rechazada “sea ejecutada por Estados Unidos o por cualquier otro Estado”, en defensa del principio de autodeterminación de los pueblos. Galmarini también cuestionó la postura del Gobierno argentino, al considerar que el posicionamiento de Javier Milei responde a intereses electoralistas que “lesionan los intereses, el prestigio y la historia de nuestro país”.

En la misma línea, la diputada nacional Teresa García advirtió sobre la gravedad institucional y social de “despertarse con un bombardeo en nombre de la libertad”, en alusión a los dichos del presidente Milei, quien encuadró la ofensiva estadounidense como parte de una supuesta avanzada libertaria. Para la legisladora, esa mirada implica una peligrosa relativización de principios históricos de la política exterior argentina.

Desde el Ejecutivo bonaerense, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis se sumó a la condena expresada por el gobernador Axel Kicillof y sostuvo que la acción militar “viola los principios elementales del Derecho Internacional”, vulnera la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, y contradice doctrinas históricas defendidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo.

La dirigenta Carmela Moreau condenó “de manera categórica y sin matices” la invasión y el secuestro del presidente venezolano, al que calificó como un “acto de guerra” destinado al saqueo de los recursos naturales del país. A su vez, el Partido Justicialista de San Isidro y de Vicente López expresó su respaldo a la postura oficial del partido a nivel nacional.

En un comunicado conjunto, los diputados Santiago Cafiero, Juan Grabois y Fernando Miño, junto al ex canciller Jorge Taiana, se pronunciaron en sintonía con los senadores nacionales de Unión por la Patria. También lo hicieron organizaciones sociales como Jubilados de la Quinta de Olivos, que advirtieron que la agresión contra Venezuela “es un llamado de alerta para toda América del Sur y el Caribe” y denunciaron el avance de discursos autoritarios en la región.

El Movimiento Derecho al Futuro de la Zona Norte se sumó al repudio, al igual que el exdiputado nacional Fernando “Pato” Galmarini, quien sostuvo que se trata de “un nuevo intento de Estados Unidos de hacerse dueño de América Latina pasando por encima de sus pueblos”.

También se sumó la diputada bonaerense del Frente Renovador, Sofía Vanelli, quien rechazó de plano cualquier salida de fuerza sobre Venezuela. “Un golpe de Estado no es la solución para ningún pueblo. La soberanía de ningún país se negocia”, afirmó. En la misma línea, advirtió que “el intervencionismo tampoco es la solución para un pueblo”, y remarcó la necesidad de respetar los procesos políticos internos de cada nación sin injerencias externas.

A las expresiones ya conocidas se agregaron nuevas organizaciones. La Corriente Nacional Martín Fierro repudió “enérgicamente la agresión e invasión de los Estados Unidos a Venezuela” y advirtió que se trata de un ataque a toda América Latina, enmarcado en una disputa geopolítica global por recursos estratégicos. Además, exigió al Gobierno argentino que condene la invasión y reclame la aparición con vida del presidente Maduro y su esposa.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores Municipales de las Américas (CONTRAM ISP Américas) condenó el ataque militar y expresó su solidaridad con los trabajadores y sindicatos venezolanos. El espacio sindical alertó sobre la naturalización de este tipo de acciones, motivadas —según señalaron— por intereses económicos, y llamó al diálogo, al fin de la violencia y al respeto irrestricto de la voluntad de los pueblos.

Las múltiples voces que se alzaron desde la Zona Norte coincidieron en un punto central: la intervención militar en Venezuela no solo vulnera la soberanía de un país, sino que constituye un precedente de alto riesgo para toda la región.