La ley de sostenibilidad de la deuda bajo jurisdicción extranjera refuerza el apoyo político y la imagen de unidad nacional, imprescindibles para atender una emergencia económica y social que no admite demoras. En este sentido, avanzar con la renegociación de la deuda constituye un proceso vital para liberar los recursos primordiales para responder las necesidades de las argentinas y los argentinos.

La actual coyuntura presenta desafíos que deben encararse de forma integral, a sabiendas de que no hay sostenibilidad social sin finanzas públicas que la permitan. Pero que tampoco hay sostenibilidad de la deuda si no se atiende la cuestión productiva y social, en línea con la conocida frase de que «los muertos no pagan sus deudas». Un enfoque que el actual gobierno viene sosteniendo desde la campaña electoral.

La tarea no es sencilla ya que la herencia recibida es ciertamente gravosa. Entre 2015 y 2019, la deuda total pasó del 48,6% al 90,9% del PBI y los servicios totales pagados anualmente se cuadruplicaron, pasando del 10% al 40% del PBI. No hay que perder de vista los altos intereses que se pactaron, lo cual deteriora directamente el presupuesto público. Son pruebas contundentes de que la sociedad no debe validar nunca más un modelo económico de ajuste y endeudamiento que es contrario al interés nacional.

El anterior gobierno se encargó en tiempo récord de transformar la virtud en defecto. Basta para ello recordar la emisión de los bonos para pagarles a los buitres, cuando el gobierno envió un prospecto en el cual se definía a la Argentina como tierra de oportunidades. Se destacaba la baja relación deuda/PBI del 13% con privados, la envidia de cualquier país. Lo mismo podría decirse con la favorable evolución de las variables sociales y el nivel de actividad.

En este esquema, la deuda (mayormente en moneda extranjera y a corto plazo) funcionó como un mecanismo de transferencia de recursos internos, sin incrementar las capacidades productivas y las posibilidades de repago. Los dólares que ingresaron por un carril terminaron financiando, por el otro, la fuga de divisas al exterior, incentivada por el marco de desregulación irrestricta de los flujos de capitales. Las cuentas no cerraron por ningún lado. No fuimos pocas las voces que alertamos sobre los peligros del programa económico de Cambiemos. No hacía falta otra cosa que hurgar en la historia reciente para saberlo. Omitir estas enseñanzas no era un descuido sino una clara muestra del sesgo ideológico que guió a la anterior gestión.

El texto con media sanción de Diputados sigue los lineamientos establecidos en los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados por la ONU en 2015 y declarados de orden público en nuestro país, a través de la Ley 27.207. Además, en el cronograma que dio a conocer el gobierno, se indica que en la segunda semana de febrero el Ministerio de Economía presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública en el Parlamento. Todo un avance en materia de rendición de cuentas ante la sociedad, en las antípodas del desdén hacia el Poder Legislativo que acompañó al anterior gobierno en lo que hacía al manejo de la deuda: los acuerdos con el FMI son un botón más de prueba de esta conducta antirrepublicana.

Desde mi punto de vista, el involucramiento del Congreso Nacional constituye un hito relevante que refuerza la idea de que éste es un proyecto para la sostenibilidad hecho en la Argentina, y para los argentinos y las argentinas. Un aporte para comenzar a sembrar sobre la tierra arrasada que dejó el anterior gobierno.

(*) Diputado nacional del Frente de Todos. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Presidente Partido Solidario.