En el editorial de La Nacióndel martes 31 se realizaron críticas al Proyecto de Defensa y Fomento de la Competencia que presenté en la Cámara de Diputados de la Nación, por lo que considero oportuno decir que la necesidad de modificar la ley es imperiosa. No sólo lo digo yo, sino que es una de las cuentas pendientes frente a organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El gobierno kirchnerista menospreció profundamente la ley de defensa de la competencia: jamás creó el tribunal idóneo e independiente para juzgar las conductas anticompetitivas, y finalmente modificó la ley para transformarla en un traje a medida: la máxima discrecionalidad de un solo funcionario, el secretario de Comercio.
La defensa de la competencia es un universo en el que se trabaja en equipos de abogados y economistas, de ahí surge la necesidad de composiciones plurales e interdisciplinarias de las agencias que intervengan. Este ámbito fue muy abordado en la legislación de la Unión Europea, los Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Chile; sin embargo, en la Argentina todavía nos cuesta entender la gran importancia que tiene para garantizar la libertad de comercio y la libertad de los emprendedores para poder prosperar.
Abogar por la competencia es fomentar y promover como se refleja en el proyecto, es impulsar desde el Estado todas las herramientas con incentivos económicos e inversión en infraestructura, así como también observar mejoras legislativas o subsanar impedimentos legales que obstruyen la libertad. Así lo entendemos y así lo entiende la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) en sus recomendaciones. Ésta no es una ley antiinflacionaria, ésta es una ley que garantiza un mercado competitivo y eficiente, con apoyo de una gestión amparada en la ley y no en las discrecionalidades de un funcionario.
La Argentina tuvo sanciones penales para quienes lesionan a competidores, tienen prácticas abusivas, conciertan precios o imponen condiciones amparados en su poder de mercado. Las tuvo hasta 1999 y, paradójicamente, a partir de ese mismo año el mundo debate seriamente la penalización de estas prácticas en línea con la doctrina en los Estados Unidos. Así lo hizo Brasil y así lo está debatiendo en este momento Chile.
La pena y la sanción no son la finalidad del proyecto. La finalidad del proyecto es garantizar condiciones de competencia interna que nos permitan disputar en los mercados internacionales, porque los aumentos de los insumos están afectando nada menos que la competitividad de la Argentina.
Soy republicana y liberal y por lo tanto no corporativa. Muchos llamados liberales en la Argentina no hacen otra cosa que una defensa corporativa y monopólica.
