La derrota legislativa volvió a poner en el centro de la escena las diferencias entre Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. La jefa de la bancada libertaria había advertido sobre los riesgos de insistir con el esquema de grandes paquetes de reformas impulsado por el ministro, pero Karina Milei decidió mantener la estrategia. Ahora, tras el revés en el Senado, crecen los pases de factura dentro del oficialismo y la búsqueda de responsables por una derrota que dejó costos políticos dentro y fuera del Congreso
La caída del capítulo de extranjerización de tierras dejó expuesto algo más profundo que una derrota parlamentaria para el Gobierno: el desgaste de una fórmula legislativa que durante los primeros años de la gestión libertaria había sido una de sus principales herramientas. El método de concentrar múltiples reformas en grandes paquetes vuelve a quedar bajo cuestionamiento dentro de la Casa Rosada y alcanza directamente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de esa arquitectura.
La estrategia tuvo su bautismo con la primera versión de la Ley Bases. Cuando Sturzenegger le presentó el enorme compendio de reformas a Javier Milei, el Presidente quedó impresionado por la magnitud del proyecto y comenzó a llamarlo “El Coloso”. Para el mandatario, aquel texto representaba el espíritu reformista de La Libertad Avanza por la profundidad y el alcance de sus modificaciones.
El problema fue que la dimensión del paquete terminó jugando en contra. La cantidad de reformas reunidas en un solo proyecto obligó al oficialismo a resignar parte de su contenido para conseguir atravesar el accidentado estreno legislativo del verano de 2024. En aquel momento, Sturzenegger todavía no tenía un cargo formal en el Gobierno, aunque ya ocupaba un lugar cercano a Milei. Meses después, en julio de ese año, asumió como ministro de Desregulación.
Dentro de un mes, Sturzenegger cumplirá dos años como integrante del Gabinete. Su llegada estuvo directamente vinculada con la estrategia que había logrado imponer ante los hermanos Milei: concentrar una gran cantidad de modificaciones en una única norma y avanzar mediante proyectos de carácter “ómnibus”.
El mismo criterio había sido aplicado en el DNU 70/23, que derogó y modificó numerosas normas e incluyó un capítulo laboral que posteriormente fue frenado por la Justicia. En la Casa Rosada, aquella caída no fue interpretada como una derrota definitiva, sino como el antecedente de una reforma que terminaría llegando por la vía legislativa. La reforma laboral finalmente sancionada también tuvo una versión inicial mucho más ambiciosa, cuyos puntos más resistidos fueron retirados progresivamente para garantizar su aprobación.
La lógica de los grandes paquetes legislativos no nació con Sturzenegger, pero durante la administración libertaria se convirtió en una de las herramientas centrales para avanzar con el programa de reformas. La estrategia consiste en concentrar numerosos temas en una misma iniciativa y acelerar su discusión parlamentaria. Cuanto más amplio es el proyecto, mayor es también la dificultad para sus detractores a la hora de focalizar la discusión en los puntos más conflictivos.
Ese esquema permitió al oficialismo atravesar sus primeros meses de gestión, pese a las dificultades que exhibió en materia de práctica parlamentaria. Las advertencias internas sobre los posibles efectos negativos de la estrategia no alcanzaron para modificarla. Por el contrario, el método asociado a “Sturze” continuó siendo utilizado como estructura para las distintas baterías de reformas.
Con esa misma lógica fue diseñado el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, aunque su origen tuvo una particularidad: surgió como una de las principales síntesis del Consejo de Mayo, creado por Javier Milei mediante decreto.
De aquellas discusiones surgieron distintas propuestas que interesaban especialmente al Gobierno y a sectores del establishment. Entre ellas aparecieron la reforma laboral, la reducción de las restricciones a la expropiación estatal, la eliminación del límite del 15% para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, los desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
En este último caso, la legislación vigente establece que las tierras afectadas por incendios no pueden ser enajenadas durante 60 años. La iniciativa oficial buscaba modificar también ese régimen.
El proyecto de “inviolabilidad” volvió a reproducir el formato de reunir numerosas reformas en un mismo texto. Para entonces, sin embargo, ya existían señales de que el mecanismo comenzaba a mostrar límites.
Una advertencia similar había surgido con el proyecto de reforma política. El Gobierno intentó incluir en una misma iniciativa la eliminación de las PASO, modificaciones al financiamiento estatal de los partidos políticos, cambios en la Boleta Única de Papel y la eliminación del debate presidencial obligatorio, entre otros puntos.
Patricia Bullrich fue una de las primeras dirigentes en advertirle a la Casa Rosada que la combinación de asuntos electorales sensibles podía terminar trabando el proyecto. Sin embargo, Karina Milei decidió mantener el esquema. Cuando apareció la posibilidad de dividir la iniciativa, la secretaria general de la Presidencia sostuvo la estrategia impulsada por Sturzenegger.
Los aliados del oficialismo en el Senado reaccionaron rápidamente. La negativa a separar los distintos proyectos terminó dejando paralizada la reforma política y abrió un nuevo interrogante sobre la capacidad del Gobierno para avanzar con iniciativas de gran alcance sin perder apoyos parlamentarios.
La misma dificultad se trasladó al proyecto de propiedad privada. Diego Santilli, según confiaron a Perfil personas al tanto de las discusiones internas, recibió advertencias de algunos gobernadores peronistas que consideraban equivocada la decisión de volver a concentrar temas de alta sensibilidad en una sola iniciativa.
Los problemas quedaron expuestos durante el tratamiento en el Senado. Después de varios intentos por conseguir la media sanción, Bullrich debió solicitar un cuarto intermedio ante la falta de votos. En el Gobierno aseguran que en determinado momento habían logrado reunir los respaldos necesarios, pero que el apoyo se fue diluyendo por errores políticos y una comunicación deficiente de los alcances del proyecto.
El capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros agregó además un conflicto inesperado para Bullrich. Victoria Villarruel hizo explícito su rechazo después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra y del triunfo de la Selección Nacional, vinculando el debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas con la discusión sobre la adquisición de tierras argentinas por parte de extranjeros.
La combinación entre fútbol, Mundial y Malvinas terminó generando un escenario especialmente incómodo para el Gobierno, que todavía intentaba recomponer su imagen después del desgaste provocado por la permanencia de Manuel Adorni durante 100 días como jefe de Gabinete.
En la Casa Rosada, según el análisis que circuló puertas adentro, no se dimensionó inicialmente hasta qué punto el posicionamiento de Villarruel podía potenciarse al coincidir con la estrategia de una oposición que buscaba sumar a senadores indecisos o preocupados por el costo político de acompañar el proyecto.
Las advertencias sobre la comunicación y los cuestionamientos al formato legislativo tampoco lograron modificar la decisión de Karina Milei, que terminó imponiendo su criterio por sobre Bullrich. Luego, la jefa política del oficialismo en el Senado quedó condicionada, con una intervención sobre su bloque y bajo una exigencia creciente de subordinación como prueba de lealtad.
Tras la caída del capítulo de tierras, el conflicto interno volvió a aparecer. Desde el karinismo comenzaron a responsabilizar a Bullrich por haber transmitido que contaba con los votos suficientes, mientras también circulan versiones sobre un menor margen de maniobra para Sturzenegger.
El ministro, sin embargo, continúa con su agenda. Prepara un nuevo paquete de desregulaciones que apunta a derogar 25 normas, entre ellas leyes vinculadas con la protección de la industria del libro. La diferencia es que ahora deberá avanzar con un método que quedó considerablemente más cuestionado después de la derrota parlamentaria.
La caída del capítulo de extranjerización de la Ley de Tierras aparece así como un posible punto de inflexión para la estrategia legislativa del Gobierno. Más allá de los pases de factura y de la búsqueda interna de responsables, la derrota volvió a poner sobre la mesa una pregunta que hasta ahora había quedado relegada: si La Libertad Avanza todavía puede sostener la estrategia de concentrar reformas estructurales y asuntos políticamente sensibles en grandes paquetes legislativos.
En la Casa Rosada, por ahora, la discusión continúa atravesada por las responsabilidades individuales. Pero la crisis también dejó expuesto el límite de una fórmula que durante los primeros años de gestión había sido presentada como una de las claves para acelerar el programa reformista. Y en la estructura de poder libertaria, como hasta ahora, la última palabra continúa siendo de Karina Milei.
