La tensión entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires sigue en aumento. Mientras la disputa por el quite de una porción de la coparticipación se judicializó y espera una resolución de la Corte Suprema, la pelea por el alojamiento en los penales federales de los presos condenados por la Ciudad también agregó un capítulo en los tribunales. En un duro fallo, la jueza en lo Penal Contravencional y de Faltas porteña Carla Cavaliere, lo ordenó al Gobierno nacional que empiece a recibir en las cárceles federales a los detenidos y condenados por la Justicia porteña en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que hoy está intervenido y es controlado por la ex jueza e integrante de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori.

Además, en el fallo le exigió a la ministra de Justicia, Marcela Losardo «que arbitre todos los medios necesarios para la pronta y oportuna solución» del conflicto.

La tensión entre Ciudad y Nación por los presos arrancó en marzo con el inicio de la cuarentena, pero se agudizó desde la asunción de Garrigós de Rébori como interventora. El SPF le cerró las puertas a los presos porteños con la excusa del Covid, como contó Clarín. Hoy hay unos 400 presos que por esas trabas están detenidos en alcaldías y comisarías de manera irregular.

El fallo de la jueza, que fue dictado el pasado miércoles 23, en primer lugar ordena que el Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas aloje «de manera urgente» a 13 presos que hoy están contagiados de coronavirus y permanecen detenidos en comisarías de la Ciudad por la negativa oficial a recibirlos. «Hay razones humanitarias y de estricto cumplimiento de la normativa local, nacional e internacional con relación a los recaudos que deben tomarse para las personas privadas de libertad que padecen alguna enfermedad», argumenta Cavaliere en el escrito.

La segunda parte del fallo apunta al resto de los detenidos. La jueza determinó que, al menos hasta hoy, son 383 los presos que deberían ir al sistema federal y están alojados en comisarías de la Ciudad. Incluso en el fallo cuenta que hay 15 personas que están detenidas «dentro de los patrulleros» a la espera de que el SPF decida autorizar sus ingresos.

Por todas esas circunstancias, en la resolución, Cavaliere le pide al Director del Régimen Correccional, Juan Carlos Lafuente, que de manera «urgente» materialice el otorgamiento de «un cupo para alojamiento de los internos que tienen su documentación completa y que se encuentran, a la fecha, en condiciones de ingreso inmediato». Según Cavaliere son «al menos 112» los que están listos para entrar.

Pero pese al fallo, fuentes del ministerio de Seguridad y Justicia porteño aseguran que desde el Gobierno y el SPF no están cumpliendo. «Solo dejaron entrar unos 40 detenidos y nos negaron la entrada de los detenidos contagiados de coronavirus». Este lunes a las 11.30 las autoridades porteñas y nacionales volverán a verse las caras en una audiencia que fijó la jueza en su resolución.

La lectura que hacen en la Ciudad es que tras la negativa a dejar ingresar a los presos porteños está la disputa política. La Ciudad no tiene un sistema penitenciario propio y por ley el Gobierno nacional a traves del SPF aloja a los detenidos en sus cárceles.

En la Ciudad creen que las trabas están vinculadas de manera directa con el recorte de Coparticipación. «Están usando la situación de los presos, vulnerando sus derechos humanos, para desgastar a la gestión de la Ciudad y tratando de golpear en un área que nos ha ido bien como es la seguridad», aseguran las fuentes porteñas. Hoy, para la custodia de los detenidos destinan a unos 600 efectivos. «Deberían estar en las calles y no cuidando a condenados», dicen en Seguridad de la Ciudad.

La decisión de la magistrada porteña de obligar al SPF a recibir a los presos se da en el marco de un habeas corpus que había sido presentado en julio pasado por el Ministerio Público de la Defensa porteño a cargo de Horacio Corti y Marcela Millán.

En el fallo, la jueza Cavaliere deja expuestas a las autoridades del SPF que dependen de Garrigós de Rébori. Asegura que, a pesar de las mesas de negociación que ella misma impulsó, la situación está peor. Y cita datos: «Al 1 de julio había solo en las comisarías 101 personas. Hoy hay 198».

También menciona que en las comisarías y alcaldías hubo casos de «disturbios, autolesiones y problemas médicos para los cuales la Policía de la Ciudad no está preparada porque, insisto, no es su función».

Desde el Gobierno defienden la actuación oficial y aseguran que desde abril pasado ingresaron unos 900 detenidos en la Ciudad a las cárceles federales.

FUENTE: Diario Clarin